El Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña han ratificado este miércoles varios acuerdos clave entre el Govern y ERC para los Presupuestos catalanes de 2026. Entre las medidas confirmadas, se establece la creación de una sociedad de inversiones del Estado en Cataluña y el financiamiento necesario para expandir la plantilla de los Mossos d'Esquadra a 25.000 agentes en 2030. Estos acuerdos se han oficializado durante las reuniones de la Comisión Bilateral, la Comisión Mixta de Transferencias y la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales, celebradas en la sede del Ministerio de Política Territorial. Han estado presididas por el ministro Ángel Víctor Torres y el conseller Albert Dalmau.
Uno de los acuerdos destacados es el impulso de la línea orbital ferroviaria, que conectará las regiones metropolitanas desde Mataró hasta el Vilafranca del Penedès, sin pasar por Barcelona. Este proyecto, heredado de la etapa del 'tripartit', está valorado en 5.200 millones de euros y dependerá de la financiación estatal con apoyo del Banco Europeo de Inversiones (BEI), proyectándose su ejecución entre 2027 y 2040.
Se ha ratificado la creación de una sociedad mercantil de inversiones del Estado que no requerirá pasar por el Congreso, facilitando así su implementación.
Además, se acordó que la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona obtengan mayoría en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona, con una participación estatal reducida al 40%. También se incluirán transferencias de competencias estatutarias para la gestión del litoral, ampliando el patrimonio traspasado con la cesión de parte del Edificio Siza, sede del Centro Meteorológico de Barcelona.
En el marco de la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales, se selló el acuerdo para garantizar la financiación necesaria que permitirá que, para 2030, los Mossos d'Esquadra alcancen una plantilla de 25.000 agentes. La transferencia estatal se ajustará anualmente según el número de agentes certificados en 2021, estableciendo el costo por efectivo en 70.600 euros, ajustado por el IPC.
Asimismo, el Gobierno y la Generalitat explorarán mecanismos para ampliar el uso del catalán en diferentes ámbitos de la Administración General del Estado en Cataluña. Se formará un grupo de trabajo encargado de desarrollar una propuesta para el 31 de diciembre, además de promover el catalán en recursos administrativos digitales.
Por otra parte, queda pendiente discutir en futuras reuniones la delegación de competencias fiscales, como la recaudación del IRPF, y la creación de un órgano coordinador para la gobernanza del sistema aeroportuario catalán, incluida la Autoritat Aeroportuària de Catalunya.
