El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, ha demandado a la Fiscalía, dirigida por Teresa Peramato, una revisión urgente del protocolo de conformidad tras la sentencia del Tribunal Supremo contra el ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. García Ortiz fue condenado por revelar secretos en un caso relacionado con Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.
El Supremo destacó que la falta de confidencialidad en el pacto de conformidad puede causar un perjuicio irreparable al justiciable.
La condena al ex fiscal implica dos años de inhabilitación y ha llevado a la Abogacía a resaltar la necesidad de salvaguardar la confidencialidad entre las fiscalías y las defensas. González enfatizó la urgencia de reforzar el protocolo vigente para evitar incertidumbres y garantizar los derechos de los ciudadanos en la justicia penal.
En otro ámbito, Salvador González se pronunció sobre la posible reforma que permitiría a los fiscales instruir causas penales en lugar de jueces, destacando que es un cambio estructural que requiere consenso y una gestión cuidadosa. A pesar de la implantación de este modelo a nivel de la Fiscalía Europea, González insistió en que, de llevarse a cabo, la gestión del cambio debe ser meticulosa para no comprometer los derechos ciudadanos durante las instrucciones penales.
Respecto a los tribunales de instancia, González reconoció las disfunciones generadas por la transformación en la estructura de la Administración de Justicia. A pesar de los problemas que plantea, ve la reforma como necesaria y ha solicitado mayor cohesión y escucha activa en su implementación. La Abogacía Española busca un buen entendimiento con las autoridades para lograr una implantación eficaz y uniforme del nuevo sistema.
Finalmente, el presidente ha expresado su preocupación al Ministerio de Justicia, dirigido por Félix Bolaños, por la falta de recursos y por cómo ha sido gestionado el cambio. González aboga por más recursos, participación conjunta de todos los actores involucrados y una monitorización del proceso para asegurar su eficacia, subrayando una actitud de colaboración y escucha frente a los desafíos que plantea el nuevo sistema judicial.
