La Audiencia Nacional inicia esta semana el juicio por la pieza catalana del 'caso Efial', en el que se juzgará a casi veinte personas por supuestos servicios ilícitos entre una consultora y varios ayuntamientos catalanes. Se alega que estas acciones buscaban evadir el criterio de los funcionarios municipales y alterar procedimientos de licitación.
Entre los acusados se encuentran varios exalcaldes de municipios tarraconenses, como Andreu Martí de L'Ametlla de Mar, Daniel Masagué de Torredembarra, Josep Jaume Castellnou de Vandells i l'Hospitalet de l'Infant, y Rafael Vidal de Ascó. Se les imputa presunta prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos en un fraude estimado en más de 8 millones de euros.
El caso afecta principalmente a ayuntamientos de Tarragona: L'Ametlla de Mar (4.585.746 euros), Ascó (2.023.143 euros), Tortosa (1.055.130 euros), Torredembarra (504.321 euros), Vandells (199.800 euros) y Cambrils (13.700 euros). Además, los municipios de Barcelona, Llinars del Vallès y Masquefa, así como La Seu d'Urgell en Lleida, también se vieron implicados.
Acusaciones y modus operandi
La investigación del Juzgado Central de Instrucción Número 4 desveló que la consultora Efial ofrecía servicios que permitían a los ayuntamientos “contradecir las auditorías de los órganos fiscalizadores”, según el auto del juez instructor. Esto habría propiciado la firma ilícita de contratos, respaldados por informes “ad hoc” que aparentaban legalidad pero resultaban contrarios a derecho.
La consultora habría implementado una estructura que favorecía la contratación arbitraria, alejando los procedimientos del control administrativo legal
El juez también destaca que Efial operaba como un “ayuntamiento paralelo”, integrándose en los consistorios y usando la figura de la Entidad Pública Empresarial (EPE) para relajar controles administrativos y modificar el régimen jurídico de adjudicaciones de obras. Esta externalización de funciones a empresas privadas, como Efial, ha sido señalada por multitud de irregularidades.
A través de esta estructura, Efial habría obtenido adjudicaciones que, según indicios, estaban previamente direccionadas, facilitando así la instauración de la arbitrariedad en la gestión pública y vulnerando la libre competencia. Pese a las dudas legales en torno a su actividad, los alcaldes continuaron recurriendo a los servicios de esta consultora.
