La Fiscalía ha rechazado la solicitud de suspensión del juicio de la 'Operación Kitchen', petición formulada por las defensas de los acusados. Según el Ministerio Público, la Audiencia Nacional es competente para juzgar los hechos ocurridos y no se ha generado ninguna situación de indefensión debido a la extensión del secreto de sumario.
En contra de la solicitud realizada por el PSOE, que actúa como acusación particular, la Fiscalía ha desestimado investigar a la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y a su esposo, Ignacio López del Hierro. Argumentan que el proceso judicial solo puede afectar a quienes se les abrió juicio oral.
El juicio relacionado con la 'Operación Kitchen' se ha reanudado en la Audiencia Nacional, un presunto operativo dirigido por la cúpula del Ministerio del Interior durante el gobierno de Mariano Rajoy, que buscaba obtener información sensible del extesorero del PP, Luis Bárcenas. Entre los acusados se encuentran el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, el exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y el comisario jubilado, José Manuel Villarejo, entre otros.
La Fiscalía sostiene que no se ha causado "ningún perjuicio real y efectivo" al derecho de defensa de los acusados en el juicio de la 'Operación Kitchen'.
Durante la primera sesión, las defensas instaron a la anulación del juicio alegando supuestos defectos en la instrucción, como la competencia del tribunal, la "injustificada" prórroga del secreto de sumario y la falta de relación entre la causa 'Kitchen' y el 'caso Tándem', relacionado con Villarejo. También ya habían solicitado la anulación de pruebas clave, como los audios grabados por Villarejo, al considerar que se obtuvieron de manera ilícita y su autenticidad no ha sido demostrada.
En la sesión del martes, el Ministerio Fiscal ratificó que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional es competente para juzgar los hechos. Rechaza la existencia de desconexión entre las causas involucradas y niega que la investigación haya causado indefensión, dado que las diligencias pudieron realizarse tras levantarse el secreto de sumario.
Respecto a las grabaciones vinculadas a Villarejo, el fiscal enfatizó que son pruebas "plenamente válidas", negando que se hayan obtenido mediante la vulneración de derechos fundamentales. También rechazó el argumento de las defensas sobre la veracidad y posible manipulación de dichos audios, asegurando que esto no afecta los derechos fundamentales, sino la fiabilidad del material probatorio.
La Abogacía del Estado y la representación legal de la familia Bárcenas avalaron los argumentos de la Fiscalía, apoyando su posición en este controvertido juicio.
