La presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda, ha defendido con firmeza la integridad de las operaciones del holding público, afirmando que están "hipercontroladas" y mostrando su disposición a actuar "con contundencia" ante cualquier denuncia de corrupción. Estas declaraciones las realizó durante su comparecencia en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, donde se esperaba que informara sobre las participaciones del Estado en Indra y Telefónica, pero que derivó en una discusión sobre las investigaciones judiciales que afectan a SEPI.
Entre los temas destacados está la citación judicial al vicepresidente del organismo, Bartolomé Lora, por presunta prevaricación en un préstamo de 475 millones de euros a Air Europa en 2020. Además, el Partido Popular ha mencionado las investigaciones en curso sobre el expresidente de SEPI, Vicente Fernández, y los requerimientos de información de la Guardia Civil en relación con el préstamo concedido a Plus Ultra durante la pandemia.
Belén Gualda asegura que la SEPI colabora plenamente con la justicia y mantiene un fuerte compromiso con la legalidad
Gualda subrayó que la SEPI nunca ha sido registrada y que sus actividades están bajo un estricto control legal, incluyendo auditorías del Tribunal de Cuentas, la Intervención General del Estado y el Parlamento. Destacó que entre 2021 y 2025, la Intervención General del Estado ha realizado 73 actuaciones, y el Tribunal de Cuentas 72, además de 853 auditorías internas.
En relación al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASE), la presidenta afirmó que todos los expedientes cumplían con los criterios de elegibilidad, refiriéndose particularmente al caso de Plus Ultra, asegurando que no estaba en crisis al momento de recibir el préstamo. Según explicó, si la aerolínea hubiera estado en impago con la Seguridad Social, no habría podido operar al no recibir autorización de la Agencia de Seguridad Aérea.
Gualda también defendió el Fondo de Solvencia creado en la pandemia, afirmando que ayudó a preservar 62.000 empleos en una situación económica crítica. Además, aclaró que no fue un rescate, sino un préstamo financiado con fondos propios del Estado, no con fondos europeos. A pesar de las investigaciones, aseguró que todas las ayudas fueron pre-auditadas para garantizar su correcto otorgamiento.
