Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida (IU), y Enrique Santiago, portavoz de la formación en el Congreso, han expresado su "profunda satisfacción" tras la decisión de la Audiencia Nacional de admitir a trámite la querella presentada por IU y el Partido Comunista en noviembre de 2025. La querella, dirigida contra altos responsables israelíes, está motivada por el asalto a las embarcaciones de la Flotilla Global Sumud, de bandera española.
El incidente, denunciado por IU, se produjo el 1 de octubre del año anterior y afectó a barcos que transportaban tanto a españoles como a personas de otras nacionalidades. Según un comunicado de IU, fuerzas militares israelíes "tomaron por la fuerza" estas embarcaciones y maltrataron a los pasajeros, llevándolos a Israel donde permanecieron detenidos varios días. IU destaca que las víctimas solo intentaban "superar el bloqueo ilegal" a Gaza para "llevar ayuda humanitaria a la población palestina".
La querella busca que se investiguen delitos de detención ilegal contra los mandos militares israelíes Ramatcal Eyal Zamires y Ram Rotberg
La Audiencia Nacional, mediante el magistrado Luis Francisco de Jorge Mesas, llevará a cabo la investigación contra los comandantes. Tanto Maíllo como Santiago consideran "incomprensible" la oposición de la Fiscalía a la querella, hecho que no impidió al magistrado continuar con el proceso judicial. Santiago lamenta que esta postura de la Fiscalía podría haber permitido que delitos graves contra ciudadanos españoles quedaran impunes.
El relato del magistrado señala que fuerzas israelíes "abordaron las embarcaciones de bandera española, tomaron el control de las mismas y privaron de libertad a sus tripulantes" en alta mar, a unas 70 millas náuticas de la costa. La jurisdicción española considera que, según el Convenio de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, los buques españoles en alta mar están bajo la jurisdicción de España.
Es crucial determinar si las fuerzas israelíes estaban legitimadas para realizar estas acciones. Por ello, el magistrado ha solicitado que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional evalúe si estos hechos pueden investigarse de manera independiente de otros procedimientos relacionados con presuntos delitos de genocidio, crimen de guerra o contra la humanidad.
