La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha iniciado una campaña para hacer frente a los cobros que califica de «abusivos» por parte de algunas agencias de alquiler. Estos cobros, según la OCU, incluyen gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato, los cuales, después de la modificación de mayo de 2023 en la Ley de Arrendamientos Urbanos bajo la Ley por el derecho a la vivienda, deben ser asumidos por el arrendador.
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha reiterado que las agencias no están autorizadas a exigir un pago o comisión por servicios de intermediación sin el previo consentimiento del arrendatario, establecido mediante un contrato independiente y claro. Esta acción se fundamenta en informes previos de la OCU, que en su momento denunciaron a Alquiler Seguro por cobros indebidos, acción que ha tomado fuerza con un expediente sancionador anunciado en marzo contra otra destacada agencia inmobiliaria.
Este tipo de prácticas abusivas contribuyen a aumentar las actuales dificultades de acceso a la vivienda en alquiler
Entre los cargos cuestionados figuran la gestión del arrendamiento, seguros impuestos y servicios no solicitados, todos respaldados por la denuncia de la OCU. La organización solicita que la sanción impuesta a las empresas culpables de estos abusos refleje los beneficios ilícitos obtenidos y advierte que podrían llegar a ser de seis a ocho veces mayores que estos beneficios.
OCU continúa motivando a los perjudicados a adherirse a sus iniciativas legales para reclamar reembolsos por pagos indebidos. Su objetivo es poner de manifiesto la urgencia de erradicar estas prácticas que dificultan el acceso justo y transparente al mercado de alquileres.
