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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado una inversión adicional de 30 millones de euros en equipos de digitalización de anatomía patológica como parte del Plan INVEAT. Este proyecto busca modernizar el análisis de muestras de cáncer para mejorar tanto el diagnóstico como el tratamiento de pacientes oncológicos. Durante la clausura del evento conmemorativo por el 40 aniversario de la Ley General de Sanidad, Sánchez afirmó que esta inversión permitirá afinar los diagnósticos y optimizar el tratamiento oncológico de manera personalizada. La inversión en tecnología sanitaria se justifica para mejorar el acceso y la precisión en el tratamiento, asegurando a cualquier paciente la mejor atención posible. Sánchez destacó que, desde 2018, el Gobierno ha aumentado el gasto en sanidad en un 30%, transfiriendo 300.000 millones de euros más a las comunidades autónomas que en la administración de Mariano Rajoy. No obstante, cuestionó el destino de estos recursos y su insuficiencia para abordar la preocupación ciudadana por el estado de la sanidad. Durante el acto conmemorativo, Sánchez recordó a Ernest Lluch, exministro y promotor de la ley, resaltando su convicción de que el progreso debe ser compartido. Subrayó que universalizar la sanidad no es una carga para el país, sino un fortalecimiento, reflejado en el aumento de la esperanza de vida en ocho años desde 1986. Apeló a conservar este logro colectivo, destacando que la sanidad no es solo un asunto de justicia sino de inteligencia comunitaria. Asimismo, Sánchez mencionó varias iniciativas gubernamentales recientes, como el Plan Veo y las ayudas a la salud bucodental, entre otras, que reflejan el compromiso con una medicina más inclusiva y personalizada. Por su parte, la ministra de Sanidad, Mónica García, defendió la necesidad de un sistema sanitario universal y resistente frente al lucro. Abogó por un enfoque preventivo de la salud, destacando la…
La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha señalado que el Ministerio esperará a que concluya el expediente iniciado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) contra Red Eléctrica de España (REE) antes de decidir sobre una posible sanción al operador del sistema debido al apagón eléctrico del 28 de abril de 2025. El Ministerio tiene la competencia de imponer sanciones al operador del sistema si la CNMC confirma la infracción muy grave en el citado blackout. Aagesen destacó que la decisión de sancionar solo se tomará una vez finalice el proceso del expediente, el cual podría extenderse hasta 18 meses. La ministra mostró su máximo respeto por los expedientes iniciados contra las principales eléctricas del país y el operador del sistema y remarcó la importancia de que se desarrollen con rigor y garantías. Nosotros no vamos a interferir en estos procedimientos, afirmó. Aagesen enfatizó que la identificación de infracciones y responsabilidades incumbe a la CNMC y a los procesos judiciales pertinentes. También aseguró que desde el inicio, el Gobierno ha trabajado en identificar las causas del incidente y ha implementado medidas al respecto, dejando la depuración de responsabilidades a los organismos competentes. El Gobierno esperará el resultado del expediente de la CNMC para decidir sobre una sanción a Red Eléctrica de España por el apagón. El pasado viernes, la CNMC anunció la incoación de una veintena de expedientes sancionadores por indicios de infracción vinculados al apagón del 28 de abril de 2025. En particular, se abrió un expediente a Red Eléctrica de España bajo el artículo 64.25 de la Ley del Sector Eléctrico por incumplimientos que perjudicaron al sistema. Además, se iniciaron otros 19 expedientes dirigidos a instalaciones de generación eléctrica provenientes de importantes eléctricas…
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha expresado su confianza en que la prórroga de los alquileres será aprobada en el Congreso. Según Bustinduy, se trata de un "clamor social" ampliamente respaldado por la mayoría de los españoles y augura consecuencias políticas significativas para las formaciones que voten en contra. Bustinduy ha citado una encuesta encargada por la plataforma Sumar, que destaca que tres de cada cuatro españoles apoyan la medida, la cual se someterá a votación el próximo 28 de abril en el Congreso de los Diputados. Según el ministro, este apoyo es "transversal" y afectaría a votantes de diversas ideologías, incluidos aquellos de derechas. El ministro insiste en que la prórroga es una medida de interés general y sentido común, haciendo un llamamiento a partidos como Junts, PP y Vox para que reevalúen su posición. La propuesta, según Bustinduy, podría suponer un alivio económico de más de 2.000 euros al año para un ciudadano medio, garantizando la validez de las prórrogas solicitadas antes del 28 de abril. Aunque el Ministerio no tiene cifras concretas sobre las solicitudes, los indicios apuntan a un aumento considerable en las peticiones. La prórroga de los alquileres es una medida con un apoyo social transversal que podría acarrear un elevado coste político para quienes se opongan. El respaldo a la prórroga, como revela una encuesta de Atenea del Dato encargada por The Left a iniciativa de la eurodiputada de Sumar Estrella Galán, es significativo. El 73,6% de los españoles está a favor, con un apoyo especialmente fuerte entre los votantes de Sumar (91%) y PSOE (81%). Además, un considerable número de votantes del PP (65%) y de Vox (60%) también muestran su respaldo. Finalmente, Bustinduy advierte que un 48,7% de los encuestados reconsideraría su voto si el partido…
El Congreso de los Diputados debatirá y votará este martes una proposición de ley presentada por el Partido Popular (PP) que busca agilizar los procesos de desarrollo urbanístico y permitir a entidades como empresas, bancos y fondos de inversión recurrir a juicios rápidos para recuperar viviendas ocupadas ilegalmente. Esta propuesta ya fue aprobada en el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, y su admisión a trámite se defenderá en el Congreso el mismo día que el Gobierno planea aprobar en el Consejo de Ministros un plan estatal de vivienda con un presupuesto de 7.000 millones de euros. La iniciativa del PP avanza más allá de lo urbanístico, incluso derogando ciertos puntos de la Ley de Vivienda de 2023 impulsada por el PSOE y Unidas Podemos. Un cambio significativo es la eliminación de las zonas tensionadas y el índice de precios de referencia de alquileres, consideradas por el PP como perjudiciales para el mercado de vivienda. Otro aspecto relevante de la proposición es la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Esta modificación permitirá a entidades jurídicas, como empresas y bancos, usar un juicio verbal para reclamar la posesión de una vivienda. Esta vía, destinada a resolver rápidamente litigos civiles menores, está actualmente vetada para personas jurídicas, salvo que sean entidades sin ánimo de lucro. También se busca reducir de dos a un mes el plazo máximo de posible suspensión de desahucios, ajustando también este periodo de cuatro a tres meses cuando el demandante sea una persona jurídica. En términos de vulnerabilidad económica, se plantea una reducción del umbral del IPREM de tres a 1,5 veces, afectando así la consideración de situación vulnerable de las unidades familiares cuyos ingresos superen los 900 euros mensuales. El Partido Popular impulsa una proposición de ley que busca agilizar trámites urbanísticos y endurecer las…
María Jesús Montero, exvicepresidenta primera del Gobierno y líder del PSOE andaluz, comparecerá este lunes ante la comisión de investigación del Senado sobre la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Esta comparecencia se produce justo antes del inicio formal de la campaña electoral para las elecciones en Andalucía, previstas para el 17 de mayo. La mayoría del Partido Popular (PP) en el Senado ha impulsado esta comparecencia alegando que Montero debe ofrecer explicaciones sobre la gestión de la SEPI, que consideran un pozo sin fondo para la corrupción y el despilfarro. Esta comisión de investigación, recientemente creada, ha celebrado hasta ahora tres comparecencias, incluida la de la actual presidenta, el vicepresidente del organismo y el expresidente de la sociedad. El PP ha centrado sus preguntas principalmente en torno al rescate de Plus Ultra. Esta será la segunda vez que Montero comparezca ante una comisión de investigación del Senado. En una ocasión anterior, fue interrogada por la comisión Koldo cuando era vicepresidenta y ministra de Hacienda. Además, el PP ha citado para el jueves al exdirector ejecutivo de Globalia, Javier Hidalgo, y al exdirector de la asesoría jurídica de la compañía, Ramiro Campos, para tratar el rescate a Air Europa durante la pandemia. Estas citaciones ocurren después de que el juez Juan Carlos Peinado haya decidido procesar a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida. El debate sobre la comparecencia de Montero se ha centrado en el momento elegido por el PP, coincidiendo con la precampaña electoral en Andalucía, donde es candidata. El PP sostiene que el plan de trabajo de la comisión, que incluía la comparecencia de Montero, fue presentado hace más de dos meses. Sin embargo, los socialistas han presentado una denuncia…
La Embajada de Venezuela en España ha emitido un comunicado para pedir disculpas por los cánticos racistas y las declaraciones del cantante Carlos Baute durante un acto de la líder opositora venezolana María Corina Machado, que tuvo lugar este sábado en Madrid. La embajadora Gladys Gutiérrez manifestó "sus más sinceras disculpas al pueblo de España, que conoce en su propia historia el horror del fascismo y de los crímenes de odio". Previo a la intervención de Machado desde el balcón de la Real Casa de Correos, Carlos Baute, quien participaba con una actuación musical, instigó a los asistentes con el grito "¡Fuera la mona!", dirigido a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. La embajada condenó las expresiones especialmente por dirigirse contra una mujer, lo cual considera "una forma de violencia política basada en misoginia y racismo". El comunicado subraya que llamar "mona" a una mujer implica "un acto de deshumanización incompatible con los principios del derecho internacional de los derechos humanos". Venezuela denuncia categóricamente estos hechos y reafirma que sus mujeres no pueden ni serán objeto de discursos de odio. El escrito también remarca que Venezuela es "una nación profundamente mestiza, forjada en la diversidad y en el encuentro de raíces indígenas, africanas y europeas". Cualquier intento de "degradar, deshumanizar o estigmatizar desde esa diversidad" se percibe como "una agresión directa a la esencia misma de lo venezolano".
La Comisión de Defensa del Congreso se reúne este lunes para debatir y votar una iniciativa presentada por el Partido Popular (PP) que requiere al Gobierno asegurar los recursos necesarios para que los soldados españoles desplegados en la misión de la ONU en Líbano puedan realizar su labor de manera eficaz y segura. Esta propuesta no de ley, a la que ha tenido acceso Europa Press, destaca las condiciones difíciles que enfrentan los cerca de 10.000 militares de la misión, de los cuales aproximadamente 650 son españoles. La situación se ha agravado por el aumento de la violencia en Oriente Próximo tras los ataques de Hamás el 7 de octubre de 2023 y el posterior conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. El PP reclama al Gobierno que proporcione los recursos necesarios para que los soldados en Líbano puedan ejecutar su labor con seguridad durante su mandato. La misión de la ONU, cuyo mandato concluye en diciembre, coloca a los soldados en una situación peligrosa, ya que frecuentemente deben refugiarse en búnkeres debido a los intercambios de ataques entre el ejército israelí y el grupo chií Hezbolá. La operación es también blanco de acciones hostiles por parte de Israel. Recientemente, un 'casco azul' español fue retenido durante una hora y agredido por soldados israelíes, según informó la ministra de Defensa, Margarita Robles. Esta cuestión generó polémica en el Congreso, donde la portavoz del PP, Ester Muñoz, minimizó el incidente comparándolo con controles de tráfico en los que ella misma había sido retenida durante más tiempo.
El 73,6% de los españoles respalda la prórroga de los alquileres, medida que se implementó el pasado 22 de marzo y que requiere convalidación en el Congreso de los Diputados antes del 28 de abril para evitar su caducidad. Así lo revela una encuesta realizada por Atenea del Dato, encargada por el grupo europarlamentario The Left a solicitud de la eurodiputada de Sumar Estrella Galán. Dentro del apoyo general, destaca el respaldo de los votantes de Sumar (91%) y del PSOE (81%), aunque también es significativo entre los del PP (65%) y Vox (60%). Una parte importante de los encuestados, el 48,7%, estaría dispuesto a reconsiderar su voto si el partido al que apoyan no valida la prórroga. Este sentimiento es compartido por el 32% de los votantes del PP y un 36% de los de Vox. El 93,4% de los españoles considera que los precios de los alquileres son "altos" o "muy altos". La encuesta revela una percepción unánime del elevado coste de los alquileres. Tanto inquilinos (95,5%) como propietarios (92,9%) coinciden en esta opinión. Entre los encuestados, el 73% opina que los precios son "muy altos". Además, el 48,6% ha experimentado cambios de residencia en los últimos años debido al incremento de las rentas o a la no renovación de los contratos. El estudio, realizado entre el 10 y el 16 de abril, también señala que el 81,4% de los encuestados espera que al finalizar los contratos actuales, las rentas aumenten o que directamente no se ofrezca la renovación.
El Partido Popular ha presentado en el Senado una moción que solicita al Gobierno prestar atención a las demandas de los militares y considerar sus propuestas en el proceso de declaración de las Fuerzas Armadas como profesión de riesgo. En su iniciativa, el PP insta al Ejecutivo a crear una Comisión de Trabajo Temporal desde el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, involucrando a las asociaciones profesionales. El objetivo es recopilar sus propuestas y asegurar que la normativa se elabore con garantías. Según el Partido Popular, la medida pretende evitar desigualdades entre los militares. Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional del partido, ha subrayado la importancia de incluir a los militares en cualquier modificación sustancial. Gamarra critica la política de oscurantismo e imposición del Ministerio de Defensa, liderado por Margarita Robles, y considera esencial mantener un diálogo con los militares para evaluar el impacto de la medida y prevenir agravios comparativos. "Defendemos que el reconocimiento de los militares como profesión de riesgo sea justo y eficaz", ha afirmado Gamarra. El Partido Popular destaca la necesidad de un reconocimiento justo y ajustado a la realidad para los militares como profesión de riesgo en España. El Partido Popular recuerda que hace casi un año presentó en el Senado una Proposición de Ley para modificar la Ley General de la Seguridad Social, con el fin de incluir a los militares entre los colectivos con coeficiente reductor de la edad de jubilación, debido a la peligrosidad de su labor. Esta iniciativa fue aprobada por mayoría absoluta en el Senado, pero actualmente está detenida en el Congreso, según ha denunciado Gamarra, quien señala que la ley ha sufrido 27 ampliaciones de enmiendas. Además, el partido ha llevado esta cuestión al Parlamento Europeo, impulsando una Directiva Europea para que se reconozca como profesiones de riesgo…
La comisión de investigación del Congreso, encargada de esclarecer el apagón ocurrido en España el 28 de abril de 2025, comenzará sus comparecencias el próximo 20 de abril. En el primer encuentro, se recibirán a los principales directivos de las empresas eléctricas Endesa, Naturgy e Iberdrola, quienes serán interrogados bajo un formato de pregunta-respuesta, evitando los discursos. Los primeros ejecutivos en acudir serán José Damián Bogas Gálvez, consejero delegado de Endesa; Francisco Reynés Massanet, presidente de Naturgy; y Mario Ruiz-Tagle, CEO de Iberdrola España. Esta comisión de la Cámara Baja se establece tras la conclusión de una investigación similar en el Senado, liderada por el Partido Popular (PP), formación que cuenta con mayoría absoluta en dicha cámara. En el Senado, se responsabilizó a la exministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera; a la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen; a la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por lo sucedido. Ahora, le toca al Congreso llevar a cabo su investigación, comenzando por los directivos de las eléctricas señaladas en una lista elaborada por Idoia Sagastizábal, diputada del PNV y presidenta de la comisión. La lista incluye a los titulares de diversas entidades implicadas, como la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, y la directora general de Operación de Red Eléctrica, Concepción Sánchez Pérez. También se encuentran el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, y la directora de Energía de la CNMC, Rocío Prieto, entre otros. Al finalizar la ronda inicial de comparecencias, la comisión se reunirá nuevamente para determinar el siguiente grupo de citados. Todas las sesiones se llevarán a cabo en formato interrogatorio, otorgando a cada grupo 20 minutos para plantear sus preguntas. En caso de tratarse de académicos o expertos independientes, el formato será expositivo, permitiendo hasta 20 minutos de…