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La plataforma de víctimas del accidente del tren Alvia que tuvo lugar en Angrois (Santiago) en julio de 2013, exige verdad, justicia y responsabilidades trece años después de la tragedia que cobró la vida de 80 personas y dejó más de cien heridos. También demandan una petición pública de perdón institucional por el trato recibido durante este tiempo. Según un comunicado emitido por la asociación en el aniversario del accidente, la tragedia de Angrois no fue un hecho aislado ni una desgracia imprevisible, sino el resultado de una falta de atención por parte del Estado, que optó por ignorar las advertencias. Acusan al PSOE y al PP de sellar el pacto de la curva tras el incidente. Las víctimas denuncian la ausencia de investigaciones independientes y el incumplimiento de las normativas de seguridad, lo que consideran ha propiciado la repetición de tragedias El comunicado refleja la indignación de las víctimas por los recientes fallos judiciales, incluida la absolución del ex alto cargo de Adif responsable de la seguridad, que refuerzan la dolorosa constatación de que las tragedias se repiten bajo la inacción del Estado. La reciente tragedia en Adamuz, donde murieron 46 personas y resultaron heridas cientos más, es citada como evidencia de sus advertencias. Critican el blindaje del Estado, que utiliza múltiples instituciones para evitar la asunción de responsabilidades, culpando al maquinista como último eslabón de la cadena. Las víctimas subrayan que en la línea Ourense-Santiago se ignoraron avisos de peligro y se obviaron normativas esenciales de seguridad, contraviniendo las exigencias europeas. En respuesta a la impunidad judicial, la plataforma ha recurrido ante el Tribunal Constitucional la absolución de Andrés Cortabitarte, exalto cargo de Adif, argumentando deficiencias en la investigación oficial llevada a cabo por la CIAF, cuyos investigadores estaban vinculados con Adif y Renfe. La plataforma subraya la…
La Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) ha solicitado la creación de una 'Estrategia Nacional de Seguridad Acuática' para reducir los casos de muertes por ahogamiento en España. Durante los primeros seis meses del año, el número de fallecimientos por esta causa ascendió a 217, según el 'Informe Nacional de Ahogamientos' elaborado por la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo (RFESS). Este llamado coincide con la conmemoración del Día Mundial para la Prevención de los Ahogamientos, que se celebra el 25 de julio. SESPAS destacó la necesidad de coordinar políticas preventivas, mejorar la vigilancia epidemiológica y disminuir tanto los fallecimientos como las secuelas asociados a este problema. Subrayó que los ahogamientos constituyen "una de las principales causas de muerte por lesiones no intencionadas en el mundo" y no deben considerarse como accidentes inevitables, sino como una cuestión de salud pública que es ampliamente prevenible. Esta problemática no puede verse como aislada, sino como una crisis persistente que requiere una respuesta estructurada y sostenida durante todo el año. SESPAS recalca que el ahogamiento es una de las principales causas de mortalidad por lesiones no intencionadas y que debe abordarse con una respuesta coordinada y continua El informe de la RFESS indica que entre 2015 y 2025 se contabilizaron en España 4.602 muertes por ahogamiento no intencionado, concentrándose el 56,4 por ciento entre junio y septiembre. Sin embargo, los incidentes ocurren durante todo el año. SESPAS sostiene que las campañas de verano necesitan ser complementadas con políticas preventivas estables. Añade que el perfil de las víctimas apenas ha variado, siendo en su mayoría hombres adultos, con un riesgo creciente entre las personas mayores debido a la presencia de enfermedades crónicas, fragilidad y multimorbilidad. Además, destaca que gran parte de los fallecimientos ocurren en playas y otros espacios naturales…
El Gobierno de España ha pedido a la Unión Europea la activación del mecanismo europeo de respuesta a raíz de una solicitud de la Unidad Militar de Emergencias (UME). En concreto, el Ejecutivo español ha requerido al menos cuatro medios aéreos de extinción de ala fija para combatir los incendios que afectan al país, centrados especialmente en la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila. Fuentes de Moncloa han confirmado a Europa Press que Grecia ya ha accedido a esta solicitud, ofreciendo dos aviones Canadair CL-415. Además, está previsto que se celebre una reunión preparatoria para el despliegue de estas unidades durante la mañana de este viernes. La emergencia de interés nacional ha sido declarada en la Comunidad de Madrid y Ávila debido a la evolución de los incendios forestales Los incendios se localizan en los términos municipales de Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias, en Madrid, y en Burgohondo, Ávila. Como consecuencia de la complejidad de las llamas, cerca de 11.500 personas han sido evacuadas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (CECOD), que se lleva a cabo en el Complejo de la Moncloa. Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha desplazado hasta el Puesto de Mando Avanzado en Cenicientos, Madrid.
El Tribunal de Cuentas ha sido solicitado por Vox y el Partido Popular (PP) para investigar potenciales responsabilidades contables en la Diputación de Badajoz, tras la condena por prevaricación administrativa a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por la obtención irregular de una plaza en esta institución. Vox ha instado al órgano fiscalizador a abrir actuaciones previas y recabar detalles sobre los pagos realizados en los contratos objeto del juicio. Según la formación, las cantidades abonadas desde fondos públicos a Sánchez por la Diputación ascienden a 280.845,63 euros entre 2017 y 2024, lo que podría suponer un saldo deudor injustificado, dado que las plazas habrían sido creadas y ocupadas de manera irregular. Vox también solicita información sobre las retribuciones de Luis María Carrero, exasesor en la Presidencia del Gobierno y posterior empleado en la Diputación, para determinar si sus compensaciones coinciden con una prestación de servicios efectiva. Por su parte, el PP ha solicitado a la Diputación de Badajoz la entrega de documentación relativa a la creación y modificación de las plazas de Sánchez y Carrero, así como de sus contratos, nóminas e indemnizaciones. El partido busca practicar una liquidación provisional que determine los alcances y las responsabilidades de los gestores implicados, así como aquellas de otros participantes en el proceso. Según sus estimaciones, el papel de Sánchez como coordinador en la Oficina de Artes Escénicas supuso un coste de 416.798,82 euros, mientras que el de Carrero en la Sección de Coordinación de Centros y Actividades Transfronterizas ascendió a 113.200,76 euros. Esto deriva en un menoscabo provisional de alrededor de 530.000 euros. La responsabilidad contable podría extenderse no solo a los perceptores de las retribuciones, sino también a los gestores y administradores que autorizaron y supervisaron el mantenimiento de las plazas La Audiencia Provincial de Badajoz ha inhabilitado a…
El Congreso de los Diputados ha ratificado un nuevo decreto ley que introduce ayudas fiscales en respuesta al conflicto en Oriente Medio. La medida fue aprobada en una sesión extraordinaria con el apoyo del resto del hemiciclo y con la abstención del Partido Popular y Podemos, mientras que Vox votó en contra. Ante la persistencia del conflicto y el impacto en los precios de la energía, el Gobierno ha emitido un segundo paquete de medidas. El decreto, aprobado por el Consejo de Ministros el 29 de junio, incluye una reducción temporal del impuesto especial sobre hidrocarburos, que disminuirá en 15 céntimos por litro en julio, 10 céntimos en agosto y 5 céntimos en septiembre. Sin embargo, la rebaja del IVA en los carburantes al 10% no se mantendrá, siguiendo las directrices de Bruselas. El Congreso ha decidido mantener activo el decreto ley que pretende mitigar los efectos económicos del conflicto en Oriente Medio Además, el decreto contempla la posibilidad de reactivar beneficios anteriores si el conflicto se agrava y los precios de los carburantes vuelven a subir. Se supervisarán los precios mensualmente, y si el IPC supera el 15% respecto al año anterior, se volverán a aplicar las reducciones en electricidad y gas. Asimismo, se mantendrán descuentos para el sector primario y el transporte, y se añadirán 165 millones de euros adicionales para la compra de fertilizantes en el sector agrícola. El decreto también establece que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) inspeccionará las estaciones de servicio para garantizar el cumplimiento de las medidas. Hasta el momento, se han detectado irregularidades en 52 estaciones. Respecto a la fiscalidad energética, el texto prevé la eliminación progresiva del impuesto sobre la producción de energía eléctrica, una medida reclamada por PP y Junts. Esta reducción empezará con un tipo…
La parte socialista del Gobierno de coalición ha mantenido su postura de respaldo al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, tras la entrevista que este ofreció en TVE. En esta intervención, Zapatero negó haber influido en el rescate de Plus Ultra, atribuyó las joyas encontradas en la caja fuerte de su despacho a un regalo de cortesía personal y rechazó que hubiera utilizado a sus hijas como testaferros. Desde Moncloa, han reiterado que su posición no ha cambiado respecto a las presuntas actividades delictivas que se le imputan. Tanto en la entrevista como en las declaraciones posteriores, Zapatero subrayó su derecho a la presunción de inocencia y a defenderse. Además, fuentes del Ejecutivo han manifestado que reciben con normalidad las estrategias de defensa que desplieguen los investigados en los tribunales. Aunque las palabras de Zapatero han dejado al Gobierno moderadamente satisfecho, recalcan que los tiempos judiciales son diferentes a los políticos. El Gobierno mantiene su confianza en la inocencia de Zapatero, aún en medio de las múltiples versiones del 'caso Plus Ultra' El pasado martes, Elma Saiz, ministra portavoz del Gobierno, expresó esta confianza en el exmandatario, aunque evitó comentar sobre las distintas estrategias de defensa de otros imputados como Julio Martínez Martínez, conocido como 'Julito'. Por otro lado, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, criticó la aparición de Zapatero en televisión, sugiriendo que no merecía el tratamiento recibido, ya que fue una entrevista previamente pactada. Sin embargo, desde Moncloa aclararon que desconocían la intervención de Zapatero hasta que fue anunciada vía Twitter por la cadena pública. La situación sigue generando debate en el ámbito político.
El Partido Popular y Junts han optado por abstenerse en la votación del decreto ley que desbloquea la jubilación parcial para el personal laboral en la administración pública y otorga un complemento de insularidad en las Islas Baleares. La medida fue rechazada por Podemos, Vox y Javier Ortega Smith, exdiputado de Vox ahora en el Grupo Mixto. A pesar de estas oposiciones, el Congreso ha ratificado el decreto ley, que ya estaba en vigor tras su aprobación en el Consejo de Ministros y publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). En la votación, PSOE y Sumar, junto a Esquerra Republicana, Bildu, PNV, Coalición Canaria y la diputada de Compromís Águeda Micó, del Grupo Mixto, apoyaron la medida. Además de PP y Junts, UPN también se abstuvo, resultando en 167 votos a favor, 37 en contra y 144 abstenciones. El decreto ley permite al personal laboral de la administración que trabaja a tiempo completo jubilarse de forma parcial y anticipada, siempre que se celebre un contrato de relevo simultáneamente Podemos votó en contra, no por discrepancias con la norma en sí, sino porque esperaba que el Gobierno presentara un nuevo decreto que incluyera la conversión de cerca de un millón de interinos en funcionarios fijos, algo que no se cumplió. Para acogerse a la jubilación parcial, los trabajadores deben cumplir ciertos requisitos, como retirarse tres años antes de la edad de jubilación, acreditar 33 años de cotización, y tener seis años de antigüedad en la empresa. La reducción de jornada debe ser entre el 25% y el 75%, y si se anticipa más de dos años, la reducción del primer año será del 20%-33%. Los empleados reducirán su jornada laboral, recibiendo el salario por el tiempo trabajado y la pensión de forma proporcional. El decreto también obliga a las administraciones…
La circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Barcelona se ha restablecido este jueves por la tarde, después de que un incendio, declarado al mediodía cerca de la vía, interrumpiera el servicio. El incidente afectó particularmente a los trenes que cubren el trayecto entre Mejorada de Campo y Alcalá de Henares, en Madrid. Adif ha comunicado a través de la red social X que la línea de alta velocidad está retomando sus operaciones de manera paulatina, tras la resolución del problema. Asimismo, el gestor ferroviario anunció que los trenes Civis, que conectan Chamartín y Guadalajara y que se vieron obligados a desviarse por Atocha debido a otro incendio cerca de las vías en San Fernando de Henares, también están recuperando poco a poco sus frecuencias de paso. La situación vuelve a la normalidad una vez que el fuego ha sido extinguido y se ha revisado la infraestructura.
La firma de dirección financiera Noguerol ha revelado cómo una pyme logró recuperar 127.500 euros de liquidez en solo 120 días sin aumentar ventas ni contratar nueva financiación. Esta empresa B2B, aunque mantenía un crecimiento constante y una cuenta de resultados positiva, se enfrentaba a problemas de liquidez debido a un crecimiento rápido. Noguerol señala que esta situación es común en su área de Dirección Financiera Externa y Planes de Reestructuración Empresarial. Muchas empresas rentables terminan en tensión financiera por un crecimiento no adecuadamente financiado. Entre enero y septiembre de 2025, 40.042 empresas y autónomos en España entraron en concurso de acreedores, un aumento del 44,4% respecto al año anterior, según el Colegio de Registradores. Además, el último Indicador CEPYME reportó 3.212 procedimientos en el cuarto trimestre, uno de los números más altos registrados. Un diagnóstico financiero temprano y la anticipación son claves para que el crecimiento empresarial no se convierta en un problema Según Carlos Noguerol, fundador de la firma, “el problema no es tanto el incremento de los concursos de acreedores, sino el perfil de las empresas afectadas”. Muchas de estas compañías experimentaban un crecimiento en facturación, ampliación de equipos y captación de clientes justo antes de solicitar el concurso. Las pymes en España operan con un periodo medio de cobro de 79 días y una ratio de endeudamiento del 80,5%, mientras que su rentabilidad media sigue un 14,8% por debajo de los niveles de 2019 ajustados por inflación. Noguerol identifica varias señales de alarma previas al concurso, como ventas crecientes con un margen real desconocido, un ciclo de caja desalineado con la financiación, deudas mal estructuradas y la falta de un sistema de control financiero que permita anticipar las necesidades de tesorería. La Ley 16/2022 ofrece herramientas preconcursales para evitar el colapso, permitiendo renegociar deudas sin tener…
El consejo rector de la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas ha dado luz verde a los objetivos estratégicos de la institución hasta 2030. Este plan, aprobado el jueves bajo la presidencia de Carlos Cuerpo, vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, se centra en mejorar el diseño de políticas gubernamentales. El programa, que marca un hito al ser el primer plan de gestión de la agencia creada este año, pretende modernizar la evaluación de políticas públicas. La directora de la Agencia, Milagros Paniagua, ha dado forma a los principales objetivos, entre los que destaca la consolidación de la institución, la articulación del sistema público de evaluación en la Administración General del Estado, el refuerzo de la función evaluadora de las políticas y la rendición de cuentas. Paniagua ha enfatizado la importancia de la evaluación ex ante, que busca valorar las políticas antes de su aprobación para enriquecer su diseño normativo mediante evidencia empírica. La Agencia busca que los ministerios incorporen la evaluación como un proceso habitual de gestión, fomentando su autonomía en este ámbito Además, el plan promueve el trabajo en red con los departamentos ministeriales y la mejora de la calidad de las evaluaciones, en colaboración con la comunidad científica y académica que posee el conocimiento metodológico necesario. La iniciativa también pone énfasis en el acceso a registros administrativos, que son considerados un recurso valioso para la evaluación efectiva de políticas. El consejo rector que supervisa la Agencia incluye, además del vicepresidente primero, a la directora Milagros Paniagua, el secretario de Estado de Economía, Israel Arroyo, y representantes de los ministerios de Hacienda y Transformación Digital, así como del Banco de España, la AIReF, el CSIC, el INE, y tres expertos independientes.