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Este jueves, el Pleno del Congreso celebrará una sesión extraordinaria para decidir sobre la convalidación o derogación del decreto ley que permite la jubilación parcial del personal laboral en la administración pública y establece un complemento de insularidad en las Islas Baleares. Este decreto ya está vigente desde su aprobación en el Consejo de Ministros y su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Sin embargo, ahora el Congreso debe ratificarlo. La norma permite a los trabajadores a tiempo completo de la administración acogerse a una jubilación parcial y anticipada. Para ello, deben celebrarse simultáneamente contratos de relevo. Aunque Podemos no se opuso al contenido del decreto, exige al Gobierno retirar la norma y presentar otra que también convierta en fijos a cerca de un millón de interinos en la administración. Ante esta incertidumbre, el sindicato CCOO ha instado a los grupos parlamentarios a respaldar la convalidación del decreto, advirtiendo que su rechazo afectaría a miles de empleados públicos. El rechazo del decreto podría privar a miles de empleados públicos de una jubilación parcial que facilita una transición ordenada, según CCOO Para acogerse a la jubilación parcial, los empleados deben cumplir varios requisitos: retirarse tres años antes de la edad legal de jubilación; cotizar durante 33 años; poseer una antigüedad de seis años en la empresa previa a la fecha de jubilación parcial y reducir su jornada laboral entre un 25% y un 75%. Si la jubilación se anticipa más de dos años, la reducción del primer año debe estar entre el 20% y el 33%. Con esta modalidad, los trabajadores recibirán una parte proporcional de su salario y pensión. Las administraciones tienen la obligación de planificar la cobertura de estas jubilaciones, preferentemente a través de ofertas de empleo. La oferta pública de 2026 ya contempla 854 plazas para…
El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que lidera la investigación del 'caso Koldo', ha solicitado a varias entidades bancarias información financiera relacionada con el entorno familiar de Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE. La decisión ha sido adoptada tras una petición formalizada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que busca analizar estas finanzas familiares como parte de un estudio más amplio sobre los ingresos y patrimonio de Cerdán. El informe de la UCO alude a la posibilidad de que familiares del exdirigente socialista hayan obtenido beneficios de fondos vinculados a una presunta trama. El juez Moreno, respaldado por la Fiscalía Anticorrupción, ha considerado pertinente examinar las finanzas familiares para esclarecer de manera precisa la situación económico-patrimonial de Cerdán y su entorno. Esto incluye el análisis del origen de sus ingresos y el destino de sus gastos. El juez ha ordenado la revisión de movimientos bancarios desde enero de 2014 para determinar posibles fuentes de ingresos no declaradas en el entorno de Santos Cerdán El requerimiento incluye a los bancos informar sobre las finanzas de Francisca Muñoz, esposa de Cerdán; su hija Alba Cerdán; su hermana María Belén Cerdán; y su cuñado Antonio Muñoz. La investigación sostiene que estos familiares habrían recibido fondos de Servinabar, una empresa de Antxon Alonso, socio de Cerdán, en la que este último también estaría implicado. Según el informe de la UCO, Cerdán habría recibido 18.261 euros en ingresos de fuente desconocida y habría disfrutado, junto a su familia, de un total de 323.178 euros procedentes de esta empresa. El juez ha requerido así información detallada sobre las cuentas del entorno familiar de Cerdán, incluyendo saldos, ingresos, pagos, productos bancarios contratados y cualquier indicio de operación sospechosa de blanqueo de capitales.
El Tribunal Supremo ha solicitado a la Junta Electoral Central (JEC) la entrega de documentación relacionada con la denominada 'ley de nietos', atendiendo a una petición de Iustitia Europa. Esta organización había solicitado que se rechazara la suspensión cautelar del procedimiento de elaboración del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), adoptada por la JEC. A través de una diligencia a la que ha tenido acceso Europa Press, el Supremo exige a la JEC que envíe el expediente administrativo pertinente en un plazo de veinte días, como parte de la resolución al recurso contencioso-administrativo interpuesto por Iustitia Europa. Aunque la JEC había negado la suspensión cautelar del CERA, acordó pedir a la Oficina del Censo Electoral una instrucción para aplicar la 'ley de nietos', que otorga la nacionalidad española a los descendientes de exiliados. El censo electoral no puede ser una caja negra El organismo arbitral señaló que la inscripción de beneficiarios de la 'ley de nietos' en un municipio electoral debe estar adecuadamente motivada si no coincide con su último domicilio en España. Además, el alto tribunal ha decidido abrir una pieza separada para evaluar la suspensión de las altas CERA, petición incluida en el recurso de Iustitia Europa. La JEC ha subrayado que la Constitución garantiza el derecho al voto de los electores residentes en el extranjero, remarcando que la administración electoral no puede alterar el criterio legislativo que establece las condiciones y procedimientos para el ejercicio de este derecho. Según la JEC, deben cumplirse todos los procedimientos vigentes mientras estos estén en vigor. Por su parte, Iustitia Europa, a través de una nota de prensa, argumenta que no ha sido publicada la cifra exacta de nuevas altas en el CERA derivada de la 'ley de nietos'. Critican la falta de información pública sobre la distribución provincial, el método…
El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, participará este jueves en una entrevista en el programa 'Mañaneros 360' de TVE, tal y como ha anunciado la cadena pública. La entrevista, que se emitirá a partir de las 13.00 horas en La 1, será conducida por el copresentador del programa, Javier Ruiz. Este encuentro supone la primera entrevista de Zapatero tras su imputación en el caso del rescate a la aerolínea Plus Ultra y su posterior declaración ante el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama. El magistrado decidió interrogar al expresidente en calidad de supuesto líder de una "estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" que buscaba la obtención de beneficios económicos. En su declaración, Rodríguez Zapatero defendió que no tuvo ninguna intervención en el proceso por el cual el Gobierno de Pedro Sánchez autorizó el rescate de 53 millones de euros a Plus Ultra "No sólo no influí o no me interesé, no hablé con ninguna autoridad política, con ningún funcionario, con ningún empleado público sobre el rescate de Plus Ultra", afirmó el expresidente durante su declaración.
La reforma legal que permitirá a los mutualistas transferir sus derechos económicos acumulados en las mutualidades al Régimen de Autónomos (RETA) afrontará su examen final en el Congreso el próximo jueves, 23 de julio. Este proceso incluirá el debate y votación de las enmiendas introducidas por el Senado durante el trámite parlamentario. De aprobarse, la ley será publicada en breve en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El principal objetivo de esta legislación es ofrecer una solución a miles de profesionales que durante años han cotizado a un régimen de mutualidad alternativa, encontrándose con pensiones insuficientes. La norma propone un mecanismo que permitirá a estos mutualistas trasladar sus años de cotización a un régimen de autónomos, mejorando así la cuantía de su pensión. El texto fija que la pasarela será exclusiva para quienes no sean pensionistas de ningún régimen público ni de la propia mutualidad alternativa, con la única excepción de quienes perciban una pensión de viudedad Durante el paso por la Cámara Alta, el proyecto sufrió importantes modificaciones propuestas por el Partido Popular, que goza de mayoría absoluta en el Senado. A pesar de que en el Congreso lograron que los mutualistas jubilados, o pasivos, se beneficiaran del cambio, en el Senado decidieron excluirlos mediante una enmienda. Así, la pasarela solo estará disponible para quienes no sean pensionistas, salvo los receptores de pensiones de viudedad. Además, los coeficientes para la transferencia de derechos económicos al RETA se han ajustado, mejorando entre un 0,67 y un 0,87 sobre la base mínima de cotización que correspondería en el régimen de autónomos. Sin embargo, esta mejora no será aplicable a profesionales de 52 años o más a fecha 31 de diciembre de 2026, quienes podrán acogerse a la fórmula del 1x1, donde cada mes en la mutualidad equivaldrá a un mes completo…
Sumar ha anunciado este miércoles que el decreto ley prometido en materia de vivienda para este verano contemplará la prórroga automática de los contratos de alquiler hasta 2028, una medida que podría beneficiar a cerca de cuatro millones de personas. La formación también está en conversaciones con los grupos parlamentarios para introducir medidas antidesahucios dirigidas a personas vulnerables. Tras el rechazo del Congreso a un decreto ley con este mismo objetivo, la coalición se comprometió a elaborar un nuevo texto que incluya propuestas adicionales, como bonificaciones fiscales para arrendadores, con la intención de atraer el apoyo de Junts, partido que inicialmente votó en contra. Sumar ha adelantado parte del contenido de este texto, aunque no han proporcionado detalles sobre las bonificaciones fiscales, punto que, de ser incluido, no contará con el apoyo de Podemos. Fuentes de Sumar han destacado que el decreto incluirá una prórroga extraordinaria de hasta dos años para los contratos de alquiler. Esta extensión está disponible para aquellos contratos que venzan hasta el 30 de junio de 2028, lo que ampliará el número de beneficiarios potenciales a casi un millón más de personas. Este nuevo marco legal podría beneficiar a casi cuatro millones de personas y a un millón y medio de hogares entre marzo de 2026 y junio de 2028 El texto incorpora también otras medidas ya anunciadas, como la regulación del alquiler de temporada y habitaciones, para evitar el uso fraudulento de estos formatos como vías para eludir el régimen del alquiler de vivienda habitual y los límites de precios en zonas tensionadas. Además, se incrementará la tributación de los pisos turísticos al 21% de IVA y se endurecerá el régimen sancionador sobre su publicidad en plataformas, buscando desincentivar el alquiler turístico. El decreto ley incluirá una propuesta que se negociará con los grupos parlamentarios,…
El brote de ébola que surgió a mediados de mayo en el este de la República Democrática del Congo (RDC) ha dejado hasta ahora cerca de mil muertos y aproximadamente 2.500 casos confirmados, según el último balance. Durante las últimas 24 horas se han registrado 50 nuevos contagios y 32 fallecimientos, mayormente en la provincia de Ituri. El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) ha informado que se han identificado 2.473 casos y 999 muertes, con una tasa de letalidad del 40,4%. Además, se han reportado 322 "casos sospechosos" en las cinco provincias afectadas: Ituri, Kivu Norte, Kivu Sur, Tshopo y Alto Uélé. Actualmente, 737 pacientes están en aislamiento, siendo Ituri y Kivu Norte las regiones con más pacientes aislados. La cifra de personas recuperadas asciende a 482, incluyendo trece registradas en el último día en Ituri. El epicentro del brote, Ituri, concentra el 89% de los casos y el 84% de los nuevos contagios confirmados En total, Ituri ha registrado 2.202 casos y 838 muertos. Kivu Norte le sigue con 247 contagios y 146 fallecidos, mientras que Alto Uélé reporta 16 casos y diez muertos. Tshopo y Kivu Sur han contabilizado cinco y tres casos respectivamente, con menos víctimas fallecidas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado este brote, causado por la cepa Bundibugyo sin vacuna ni tratamiento aprobado, como una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII). Las organizaciones internacionales han alertado sobre el riesgo de que la propagación supere las capacidades de respuesta. RDC, que puso fin al último brote de ébola en diciembre de 2025 en Kasai, es considerado uno de los países más experimentados en el manejo del virus, enfrentando más de una docena de brotes desde su identificación en 1976 en Yambuku, a orillas del río Ébola, que dio nombre a…
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha dado luz verde al Proyecto de Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado de la Región (Lider). Esta nueva Ley del Suelo pretende agilizar el desarrollo urbanístico en la región, fomentando la construcción de viviendas y reduciendo los plazos para la tramitación de planes urbanísticos de los actuales doce años a un máximo de cuatro. El texto se enviará ahora a la Asamblea de Madrid para su aprobación definitiva. Carlos Novillo, consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, había anunciado previamente la intención de aprobar la medida antes del verano y presentarla a la Asamblea antes de que finalice el año. Según Novillo, la principal innovación de esta normativa es la introducción de los Planes Estratégicos Municipales (PEM), que permitirán a los ayuntamientos aprobar sus planes urbanísticos en un tiempo de entre cuatro y seis años, significativamente menos que los casi doce años actuales. Asimismo, el planeamiento de desarrollo se reducirá de siete años a solo cuatro, e incluso podría acortarse a un año en algunos casos. El nuevo modelo urbanístico busca adaptar la planificación a las necesidades específicas de cada municipio, teniendo en cuenta factores como la protección ambiental, las infraestructuras y los servicios públicos La normativa también busca simplificar la clasificación del suelo, reduciendo las categorías de cinco a tres: urbanizado, rural protegido y rural no protegido. Esto facilitará la gestión del suelo y ofrecerá más seguridad jurídica a propietarios, administraciones e inversores. Además, refuerza el poder municipal al permitir a los ayuntamientos de más de 15.000 habitantes aprobar todos sus instrumentos de planificación urbanística. La Comunidad de Madrid, por su parte, mantendrá las funciones de control de legalidad. Actualmente, 42 municipios, incluyendo la capital, ya han comenzado a elaborar sus Planes Estratégicos Municipales bajo la normativa aprobada en…
La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha instado a esperar a que la justicia se pronuncie sobre el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, aludiendo a otros casos en los que se consideró legal cobrar comisiones, como el del hermano de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Estas declaraciones fueron realizadas durante una entrevista en 'La Mirada Crítica' de Tele 5, en la que Mínguez recalcó la confianza del partido en la palabra del presidente Zapatero y se refirió al comunicado emitido por él tras su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional. En dicho comunicado, Zapatero defendió la legalidad de su actividad privada. Montse Mínguez ha defendido que es tiempo de la justicia respecto al caso de José Luis Rodríguez Zapatero Mínguez también recordó otros procesos legales en los que se determinó la licitud de comisiones, mencionando vínculos familiares de destacados políticos como el primo de José Luis Martínez Almeida. La portavoz destacó la importancia de dejar que la justicia determine los hechos relacionados con Zapatero. Estas declaraciones se producen tras la declaración en la Audiencia Nacional de Julio Martínez, socio de Zapatero, y directivos de Plus Ultra, quienes señalaron al expresidente como mediador en el rescate de la aerolínea, donde habría recibido una comisión del 1% sobre los 53 millones de euros pagados por el Ejecutivo español para el rescate en 2021. En la misma línea, Mínguez ha defendido la legalidad del rescate de Plus Ultra, resaltando la importancia de la presunción de inocencia y afirmando que los rescates a empresas durante la pandemia pasaron por exhaustivos controles de organismos nacionales y europeos. Según explicó, estos rescates fueron préstamos con garantías, a diferencia del rescate bancario realizado bajo el gobierno de Mariano Rajoy, que consistió en 53.000 millones de euros a fondo perdido. La portavoz también abordó el…
La Guardia Civil ha conseguido desmantelar una organización criminal especializada en estafas bancarias, que operaba con una base de datos personales de aproximadamente medio millón de ciudadanos. Hasta el momento, se han identificado cerca de 2.000 posibles víctimas. La operación, denominada 'Fragmenta', ha culminado con 13 detenciones y cinco investigados en las ciudades de Madrid, Palma de Mallorca, Valencia y Toledo, bajo los cargos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. El Instituto Armado inició la investigación en 2024, después de que una víctima reportara la pérdida de cerca de 30.000 euros tras recibir una comunicación bancaria falsa. Este caso permitió a los agentes conectar el hecho con otras denuncias, revelando la existencia de un entramado criminal meticulosamente organizado que actuaba en distintas regiones de España. Durante el proceso de investigación, la Guardia Civil logró identificar a los 18 integrantes de la organización, compuesta por diez hombres y ocho mujeres, con edades comprendidas entre 23 y 43 años. Estos individuos desempeñaban diferentes roles dentro de la estructura del grupo. La desarticulación de la organización se alcanzó en la fase de explotación, que puso a sus principales miembros en manos de la justicia. En la fase final de la operación, se realizaron tres registros, dos de ellos en la provincia de Valencia y uno en Madrid. Durante estos registros, se incautaron teléfonos móviles, equipos informáticos, dispositivos electrónicos, documentación y dinero en efectivo vinculado a las actividades delictivas. Entre el material confiscado, se encontró una base de datos con información personal y bancaria de unas 500.000 personas, lo que permitió identificar a cerca de 2.000 posibles víctimas hasta el momento. La investigación sigue en curso y no se descarta la aparición de nuevos afectados. Los estafadores enviaban masivamente SMS simulando ser de bancos, engañando a las víctimas para que…