El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha calificado como «excelente noticia» la reciente aprobación por parte del Congreso de la Ley de Prevención de Pérdidas y Desperdicio Alimentario. A través de su perfil en la red social ‘X’, Planas ha afirmado que «el alimento más caro siempre es el alimento que acaba en el cubo de la basura». El titular del departamento confía en que la norma se publique en el Boletín Oficial del Estado en «unos días», convirtiéndose en un «instrumento suplementario» para las acciones que su Ministerio ha puesto en marcha para reducir el desperdicio alimentario.
Planas ha destacado que el desperdicio alimentario es un problema que afecta a nuestra sociedad debido al uso de trabajo, energía y recursos naturales, así como a su impacto medioambiental. Ha recordado que el lema de las campañas en el ámbito de Alimentos de España es «Aquí no se tira nada». En este sentido, considera que la aprobación de la ley representa un paso crucial para hacer frente a esta situación en España.
La norma, que fue aprobada por el Gobierno en enero de 2024, fomenta la donación de alimentos sobrantes en el sector de la distribución y requiere que los grandes establecimientos, mayores de 1.300 metros cuadrados, firmen convenios de colaboración con ONG para esta causa. También se contemplan sanciones por incumplimiento, estableciendo así un marco regulatorio claro.
La jerarquía de prioridades para el destino de alimentos en situaciones de desperdicio contempla, en primer lugar, el consumo humano mediante donaciones, seguido por la transformación de productos no vendidos en otros comestibles como zumos o mermeladas. En caso de que los alimentos no sean aptos para el consumo humano, se priorizará su uso en alimentación animal y la producción de subproductos industriales.
El proyecto de ley promueve también la venta de productos considerados «feos, imperfectos o poco estéticos»
Además, se obligará a bares y restaurantes a permitir que los consumidores se lleven los alimentos no consumidos en envases reutilizables o reciclables, bajo la amenaza de sanciones por incumplimiento. La norma prevé también la elaboración de un Plan Estratégico por parte del Gobierno, con revisiones cada cuatro años, para definir estrategias generales en la lucha contra el desperdicio y orientar a las comunidades autónomas en la implementación de estas medidas.
