El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha solicitado este lunes la prisión provisional para Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad durante el gobierno de Mariano Rajoy entre 2013 y 2016. La petición, dirigida a la Audiencia Nacional y a la que ha tenido acceso Europa Press, se fundamenta en el riesgo de fuga de Martínez antes del inicio del juicio sobre la 'Operación Kitchen', programado para el 6 de abril. Este caso investiga un presunto operativo parapolicial orquestado para sustraer documentación al extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas.
Además de Martínez, el PSOE también ha solicitado prisión preventiva para el comisario Andrés Gómez, quien igualmente está acusado en el caso. Esta medida busca asegurar la presencia de ambos en el proceso judicial y "garantizar el normal desarrollo de la vista oral y la efectividad de una eventual sentencia condenatoria".
El PSOE, que desempeña la acusación popular en el caso, señala que no se ha realizado investigación alguna sobre la capacidad económica de los procesados, ni se ha facilitado acceso a esa información, si es que existe. Francisco Martínez afronta acusaciones por delitos con penas que exceden, con creces, los dos años de prisión, entre ellos malversación, organización criminal, contra la intimidad, revelación de secretos y cohecho.
Un elemento relevante es que Martínez, quien está casado con una mexicana y viaja frecuentemente a México por motivos familiares, "continuó ejerciendo como funcionario público", lo que el PSOE argumenta como difícil de explicar en términos de compatibilidad laboral y financiera. Los socialistas sospechan que podría disponer de otras cuentas o ingresos no declarados, dada la carga de sus viajes y su defensa legal en múltiples causas penales.
Por otra parte, el PSOE alega que Martínez posee una trayectoria delictiva que se extiende desde 2013 hasta 2025, año de su última detención e ingreso en prisión preventiva, y está bajo investigación por otros casos como el de la 'policía patriótica' contra el partido Podemos.
En relación al comisario Andrés Gómez, también se argumenta el riesgo de fuga debido a la previsión de una pena de inhabilitación ya establecida en resolución judicial. Esta situación terminaría prácticamente con su vínculo profesional con el territorio nacional como miembro de la Policía, lo que, según el PSOE, refuerza el incentivo para evadir la acción de la justicia.
El PSOE cuestiona "cómo puede hacer frente al coste de su defensa letrada en varias causas penales de especial complejidad" con un ingreso de funcionario público, sugiriendo la posibilidad de que Gómez disponga de otras fuentes de ingresos no esclarecidas.
Estas solicitudes de prisión preventiva subrayan la gravedad de las acusaciones y la importancia que el PSOE concede a garantizar la presencia de los acusados en el juicio, subrayando la posible existencia de fuentes de ingresos adicionales no declaradas, que podrían facilitar su fuga.
