La Ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha defendido la intervención en el mercado de la vivienda frente a las críticas de «comunismo» planteadas por el Partido Popular (PP). Señaló que «evitar la especulación es un mandato constitucional» y defendió la necesidad de intervenir en el mercado para garantizar que los madrileños puedan residir en Madrid. Estas declaraciones fueron realizadas durante la sesión de control del Gobierno en el Senado, frente a una pregunta de la senadora Paloma Martín Martín sobre el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030.
En respuesta a las críticas del PP, Rodríguez argumentó que estas políticas deben abordarse «desde la responsabilidad, desde la convicción y con medidas pragmáticas.» Exhortó a las comunidades autónomas afiliadas al PP a priorizar el interés general sobre las posturas partidistas y enfatizó que el Gobierno contempla triplicar la inversión hasta alcanzar los 7.000 millones de euros en el plan de vivienda.
La ministra también defendió la cofinanciación de estas políticas con las comunidades autónomas como una corresponsabilidad asumible, destacando la importancia de la protección permanente de la vivienda. Subrayó que desde que asumió el cargo, se ha reunido con agentes relevantes en múltiples ocasiones para ratificar esta postura.
A pesar de las diferencias, la ministra reconoció un punto de acuerdo con la senadora del PP en la necesidad de aumentar la oferta de vivienda, aunque insistió en que esta debe ser pautada de manera adecuada, abogando por la construcción de vivienda pública y asequible. Criticó el anterior plan estatal de vivienda liderado por Rajoy, acusándolo de eliminar la construcción de Vivienda de Protección Oficial.
Por su parte, la senadora Martín afirmó que la intervención de precios resulta «contraproducente» y acusó a Isabel Rodríguez de implementar medidas «ineficaces» que aumentan el control estatal sobre el mercado. Criticó, además, la ausencia de medidas para afrontar la ocupación ilegal y calificó el plan del Gobierno como «unilateral y autoritario», destacando que la inseguridad afecta especialmente a los barrios humildes.
La política del Gobierno debe ser tanto responsable como pragmática, buscando proteger el derecho constitucional a la vivienda sin caer en polémicas partidistas.
