Sumar ha instado al Gobierno a garantizar que los consumidores puedan seguir eligiendo videojuegos en formato físico, frente al auge de las suscripciones y licencias digitales. Esta solicitud se realiza a través de una proposición no de ley presentada por los parlamentarios Alberto Ibáñez y Nahuel González para ser debatida en la Comisión de Cultura del Congreso. La iniciativa busca asegurar el derecho a elegir el formato de los videojuegos y actuar contra prácticas monopolísticas en esta industria y la del cine doméstico.
Coincidiendo con el inicio de una huelga de usuarios de videojuegos, Ibáñez ha expresado su apoyo a la protesta. En una declaración a los medios, ha señalado que las grandes tecnológicas buscan convertir a los jugadores de propietarios en inquilinos precarios, dependiendo de las suscripciones que estas multinacionales ofrecen.
Sumar propone que el Gobierno actúe para garantizar que los jugadores sean propietarios de sus juegos y no dependientes de suscripciones impuestas por las grandes tecnológicas
El diputado de Compromís, vinculado a Sumar, también ha destacado la importancia de preservar las tiendas de proximidad como espacios de socialización y de proteger los empleos relacionados con el mercado físico. Por ello, solicitan que el Ministerio de Cultura mantenga el formato físico de los videojuegos como parte esencial de la cultura.
La proposición también insta al Ejecutivo a considerar las obras cinematográficas, audiovisuales y de software de entretenimiento, incluidos los videojuegos, como bienes culturales protegidos. De esta forma, se garantizarían derechos como el préstamo, el coleccionismo y la reventa de copias digitales. Según la propuesta, la desaparición del soporte físico haría que los consumidores pasen de ser propietarios a tener solo una licencia de uso, cuyo acceso dependería del funcionamiento de los servidores y acuerdos comerciales de las empresas.
El documento advierte que la eliminación de discos físicos suprimiría la competencia entre grandes superficies y tiendas especializadas, permitiendo a las plataformas establecer precios y condiciones de manera exclusiva. En España, las tiendas físicas representan el 35% del consumo total de videojuegos, equivalente a un mercado de 2.408 millones de euros. Sumar pide al Gobierno que estudie las consecuencias económicas de este cambio y que proponga a la Unión Europea medidas para evitar monopolios y abusos de posición en el mercado europeo.
