El diputado de Sumar y dirigente de Izquierda Unida, Enrique Santiago, ha declarado que su grupo parlamentario continúa negociando un nuevo real decreto ley sobre vivienda. Entre las medidas que se busca reactivar se encuentran la renovación automática de los alquileres y la limitación de las subidas de precios. El dirigente ha denunciado que el Partido Popular (PP) está sabotando el control del mercado inmobiliario, indicando que hacen falta cuatro votos que esperamos que salgan de Junts. Si el PP fuera razonable, aportaría esos cuatro votos. Santiago espera poder dar próximamente buenas noticias a España en este ámbito.
Enrique Santiago considera imprescindible intervenir en el mercado de la vivienda y urge una modificación de la ley actual ante la falta de voluntad de las comunidades autónomas gobernadas por el PP para declarar zonas tensionadas
Durante una manifestación por la vivienda en Madrid, Santiago ha criticado al PP por negarse a declarar zonas tensionadas y priorizar los intereses de los grandes propietarios. En su opinión, la potestad para declarar estas zonas debería ser compartida también por los ayuntamientos, asegurando así precios asequibles. Este país necesita un inmenso parque público de vivienda, ha subrayado, lamentando que la mayoría de las comunidades autónomas bajo el liderazgo del PP se resisten a implementar estas zonas tensionadas.
Asimismo, Santiago ha instado a que el resto de administraciones dependientes de la Administración General del Estado pongan sus viviendas a disposición de la empresa pública Casa 47, considerando que esto constituiría el núcleo esencial de una agencia de vivienda pública. El diputado ha mencionado como ejemplo al Reino Unido, que ha aprobado la renovación indefinida de arrendamientos y un control en los aumentos de precios, y ha exigido que el PSOE deje de ser tibio en este asunto. Según Santiago, es crucial que España adopte medidas similares para satisfacer las necesidades de la población.
Finalmente, el diputado ha subrayado la necesidad de controlar la propiedad de viviendas por parte de grandes fondos de inversión y grandes tenedores, señalando que esto es lo que hay que controlar para lograr un mercado de vivienda más accesible para todos.
