Vox ha solicitado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que impugne la decisión del Gobierno vasco de otorgar el tercer grado penitenciario a Henri Parot, exdirigente de ETA, y ha pedido su suspensión inmediata. El escrito, firmado por Marta Castro, vicesecretaria Nacional Jurídica de Vox, sostiene que esta medida es un menosprecio y humillación para las víctimas del terrorismo, en contraposición a lo que estipula la Ley 29/2011 sobre el respeto y la protección de estas víctimas.
En el documento, Vox subraya la necesidad de demostrar de manera fehaciente y cumulativa que el beneficiario del tercer grado ha renunciado a los métodos terroristas, además de haber mostrado colaboración activa para prevenir futuros delitos, atenuar los ya cometidos y ayudar en la identificación y procesamiento de otros responsables de delitos terroristas. También se hace hincapié en la importancia de una declaración expresa de rechazo a la violencia y un pedido de perdón a las víctimas.
La concesión del tercer grado sin los requisitos suficientes constituiría una vulneración directa de la legislación vigente
Asimismo, Vox cuestiona el uso del principio de flexibilidad en la clasificación penitenciaria, afirmando que no debe emplearse para eludir los requisitos exigidos para el acceso al tercer grado, especialmente en casos de condenados por terrorismo. La formación política hace referencia a la sentencia del Tribunal Constitucional 169/2021, que considera que no se cumplen los períodos de seguridad y los requisitos reforzados necesarios para el tercer grado, ya que estos solo son válidos si no eliminan totalmente la expectativa de reinserción.
Vox recalca que Parot, condenado por 39 asesinatos terroristas y otros delitos graves, no debería beneficiarse de esta medida sin el cumplimiento de todos los requisitos legales. Subrayan que Parot acumula penas de cerca de 4.797 años de prisión, y destacan la excepcional gravedad de sus crímenes, incluidos menores entre las víctimas del atentado de Zaragoza.
El partido liderado por Santiago Abascal critica que esta concesión es contraria a la Ley Orgánica 7/2003, que busca asegurar el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas en casos de graves crímenes y establece requisitos estrictos para que los condenados por terrorismo puedan acceder al régimen abierto.
