El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha solicitado a la Audiencia Nacional la exclusión de cualquier referencia a sus presuntas gestiones con Bolivia dentro de la investigación del "caso Plus Ultra". Estas actividades fueron asociadas por el juez del caso a un posible beneficio a una empresa peruana a cambio de 200.000 euros. Según un recurso al que ha accedido Europa Press, Zapatero argumenta que el informe de la Policía Nacional que menciona estas gestiones debería ser retirado por referirse a hechos ajenos al caso actual y no estar vinculados directamente a la documentación incluida en la investigación.
La defensa del exmandatario, quien está imputado en la causa como supuesto líder de una red de tráfico de influencias, cuestiona que el informe policial otorga una visión sobre su vida privada que vulnera su derecho a la intimidad económica. Critican que el juez instructor no habría habilitado un acceso formal y ponderado a esta información sensible. "En definitiva, se ha producido una intromisión ilegítima en la intimidad que ha derivado en una investigación general sobre la vida del investigado José Luis Rodríguez Zapatero", afirma el recurso.
La defensa sostiene que la investigación se ha convertido en una indagación prospectiva no autorizada sobre las actividades profesionales de Zapatero, lo que vulnera su derecho a la privacidad
El recurso también critica lo que consideran una "patente de corso" otorgada por el juez José Luis Calama, que permitiría investigar cualquier aspecto de la vida personal o profesional del expresidente. Según el informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), Zapatero habría percibido 200.000 euros entre 2024 y 2025 como retribución por mediar con el Gobierno boliviano en favor del Grupo Gloria, una empresa peruana con litigios en aquel país. Esta suma se habría justificado mediante un "contrato simulado" bajo una sociedad interpuesta, Focus Social Research, bajo el pretexto de servicios de asesoría.
El informe de la UDEF señala que Zapatero habría facilitado encuentros entre directivos del Grupo Gloria y funcionarios de alto rango en Bolivia, incluyendo al entonces presidente Luis Arce y varios ministros. Durante un viaje a La Paz y Sucre en septiembre de 2024, habría llevado a cabo estas reuniones. Este comportamiento, argumentan los investigadores, refuerza la sospecha de que el expresidente lideraría una organización criminal dedicada al tráfico de influencias en beneficio de particulares, recibiendo compensaciones económicas bajo contratos falsificados.
