Carlos Fernández Carriedo, portavoz de la Junta de Castilla y León y consejero de Economía y Hacienda, ha criticado duramente la gestión del Gobierno de España en materia de control fronterizo tras la crisis migratoria en Ceuta. Carriedo ha calificado de fracaso la actuación del Ejecutivo central y ha advertido que la administración regional recurrirá a la justicia si se intenta diluir el problema entre las comunidades autónomas.
En una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz ha subrayado que la situación constituye un asunto de seguridad nacional que afecta con gravedad a la protección de las fronteras. Además, ha defendido que la postura de la Junta es común, coherente con el pacto de Gobierno y continúa la línea marcada en la legislatura anterior, durante la cual la Comunidad presentó recursos judiciales frente a situaciones perjudiciales para sus intereses.
La Junta de Castilla y León se opone radicalmente a una política que considera perjudicial, reclamando al Gobierno central la protección de los límites territoriales
Fernández Carriedo ha reclamado al Ejecutivo español que asegure el regreso de las personas que han accedido ilegalmente al país a sus lugares de origen y ha enfatizado que la Comunidad se resistirá a cualquier medida que no respete su opinión o amenace sus intereses. En este sentido, ha confirmado que la Junta está dispuesta a explorar las vías judiciales necesarias para presentar recursos ante actos que busquen delegar la tutela de menores a administraciones sin competencias en esos territorios.
Finalmente, el consejero ha instado al Gobierno de España a atender las directrices de la Unión Europea, que establece una hoja de ruta muy precisa para enfrentar este tipo de situaciones.
