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La comisión del Congreso que investiga la gestión de la inundación provocada por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) de 2024 en Valencia comenzará a escuchar testimonios clave esta semana. Este lunes, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, comparecerá ante la comisión. El martes será el turno de Maribel Vilaplana, la periodista que coincidió en una comida con el entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, el día de la tragedia. Polo ya ha prestado declaración en el juzgado de Catarroja, que lleva la causa penal por la riada, y también ha comparecido ante el Senado, que mantiene su propia investigación sobre el desastre. En su declaración ante los senadores el pasado mes de febrero, Polo afirmó que no hubo un vacío informativo para el Barranco del Poyo entre las 18:00 y las 18:43 horas del 29 de octubre de 2024. Según explicó, el Sistema Automático de Información Hidrológica (S.A.I.H.) captaba y publicaba datos sobre el barranco, aunque a posteriori se constató que nadie miró esa información. Para Polo, el problema principal fue la falta de planificación en la protección civil. La ausencia de decisiones estratégicas en el Cecopi fue uno de los problemas críticos durante la gestión del desastre. En su comparecencia judicial, Polo detalló que había propuesto al Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) alertar a la población sobre la situación. Mencionó que en esa reunión se generó incertidumbre respecto a la presa de Forata, señalando una posible coronación pero sin concluir que colapsaría. Polo transmitió que en la CHJ había una percepción de inacción por parte del Cecopi, lo que llevó a una reunión tensa y que él mismo comunicó al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán. Según Polo, el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, reiteró que la ley…
El Ministerio de Sanidad ha anunciado que este lunes se realizará una segunda prueba PCR a los españoles que continúan aislados en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Esta decisión sigue el protocolo establecido por la Comisión de Salud Pública al cumplirse una semana desde la primera prueba. Si el resultado de la nueva PCR es negativo, los pacientes que están siendo vigilados podrán abandonar sus habitaciones para acceder a las zonas comunes de su planta. Además, tendrán la posibilidad de recibir visitas de sus familiares, siempre bajo las medidas de protección y prevención dictadas por las autoridades sanitarias. De los 14 españoles que permanecen en el Hospital Gómez Ulla, un paciente de 70 años dio positivo en hantavirus. La ministra de Sanidad, Mónica García, informó el viernes pasado que este paciente presenta una evolución favorable y se encuentra casi asintomático. Los otros 13 ciudadanos en cuarentena también permanecen asintomáticos. La ministra García destacó que la situación es alentadora, ya que el paciente positivo en hantavirus muestra signos casi asintomáticos. En otro caso relacionado, la cuarta prueba PCR realizada a una mujer en seguimiento en Alicante dio negativa, según informó la Generalitat Valenciana. La mujer seguirá ingresada en el hospital alicantino donde podrá recibir visitas, siempre que se cumpla el protocolo del Ministerio de Sanidad y se utilice el equipo de protección personal adecuado.
Las autoridades sanitarias han comunicado que las dos mujeres aisladas en Barcelona y Alicante podrán realizar la cuarentena en casa si una nueva prueba PCR, programada para el 23 de mayo, confirma que no están infectadas con hantavirus. Esta fecha marca 28 días desde su exposición inicial, que ocurrió el 25 de abril. El Ministerio de Sanidad ha señalado que esta semana se definirán las condiciones específicas para llevar a cabo la cuarentena domiciliaria a través de la Ponencia de Alertas. Las dos mujeres ya han obtenido un resultado negativo en la prueba realizada el sábado y, tras una semana de aislamiento hospitalario y sin presentar síntomas, tendrán la posibilidad de recibir visitas de familiares, cumpliendo con las medidas preventivas establecidas por el protocolo conforme a la Comisión de Salud Pública. En paralelo, las personas aisladas en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla también podrían salir de sus habitaciones si una segunda prueba, prevista para este lunes, resulta negativa. Según el Ministerio, estos pacientes podrán desplazarse por las zonas comunes de su planta y recibir visitas familiares, siempre bajo estrictas medidas de protección y prevención. De los 14 españoles que fueron trasladados al Hospital Gómez Ulla, uno, un paciente de 70 años, dio positivo por hantavirus, pero su condición está mejorando y se encuentra casi sin síntomas. Según informó la ministra de Sanidad, Mónica García, este viernes, el resto de los 13 ciudadanos en cuarentena siguen asintomáticos.
En España, los precios de ciertos productos alimenticios han experimentado un notable incremento entre abril de 2025 y abril de 2026, según el Índice de Precios al Consumo (IPC) del Instituto Nacional de Estadística (INE). Las hortalizas cultivadas por su fruto, como los tomates, pepinos y calabacines, registraron una subida del 23%, mientras que las legumbres verdes elevan sus precios un 17,5%. Asimismo, los huevos aumentaron un 14,7%, y el pescado fresco, refrigerado o congelado subió un 8,7%. Otros productos como los despojos comestibles vieron un incremento del 8,6%. Por otro lado, ciertos alimentos han visto una disminución de sus precios. Las frutas tropicales, entre las que se encuentran los aguacates y las piñas, se abarataron un 20,4%. También descendieron los precios de los aceites vegetales en un 5,9% y otras frutas frescas en un 5,4%. En abril, el IPC base 2025 introdujo una nueva clasificación de consumo, ampliando de 12 a 13 los grandes grupos en los que se divide. Estos ajustes incluyen la incorporación de productos en la cesta de la compra del IPC, como los aguacates, mientras que algunos artículos considerados en desuso, como las corbatas, han sido eliminados. Además, se han mejorado los procesos de recogida y grabación de precios. Ahora, las modificaciones se integran en el mismo mes en que ocurren, gracias a la utilización de dispositivos electrónicos. El INE promueve el desarrollo de métodos automatizados de recolección de información, utilizando datos de escáner, la obtención automática de precios de Internet y herramientas informáticas en los establecimientos. Estas innovaciones seguirán implementándose en la nueva base del IPC a lo largo del año.
La presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, y la directora de Energía de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Rocío Prieto, comparecerán este 18 de mayo ante la comisión de investigación del Congreso que indaga sobre el apagón del 28 de abril de 2025. Esta será la segunda sesión de la comisión, que comenzó hace un mes con la declaración de los consejeros delegados de Endesa, Iberdrola y Naturgy. Estos últimos criticaron la gestión de Red Eléctrica durante el incidente y expresaron sus reservas sobre el informe del panel de expertos europeos, considerando que la participación de Red Eléctrica en el panel supone un conflicto de intereses. Corredor y Prieto responderán a las preguntas de los grupos parlamentarios, quienes buscan esclarecer las causas detrás del cero energético registrado en 2025. La discusión se centrará en comprender mejor lo sucedido y en evaluar la respuesta de las distintas entidades implicadas. El apagón de 2025 sigue generando tensiones en las instituciones españolas, donde se busca determinar responsabilidades y causas. Anteriormente, Corredor y Prieto ya comparecieron en una comisión similar en el Senado, impulsada por el Partido Popular gracias a su mayoría absoluta. Esta investigación concluyó en abril, responsabilizando del incidente al Gobierno de Pedro Sánchez, en particular a la exministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, a la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, además de a la presidenta de Redeia y a la CNMC. La nueva comparecencia en el Congreso se produce una semana después de que el Senado, con los votos de PP, Vox y UPN, reprendiera a Sara Aagesen, criticando su gestión del apagón como "nula". Este contexto añade presión a los próximos interrogatorios en la Cámara Baja.
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha afirmado que España mantiene su compromiso con una sólida relación transatlántica con Estados Unidos, a pesar de las críticas del expresidente Donald Trump sobre una supuesta falta de cooperación. Según Albares, esta relación se sostiene firmemente, aunque ha enfatizado que España no ignorará los principios del derecho internacional establecidos en la Carta de Naciones Unidas para enfrentar las crisis actuales. "No queremos conflictos con Estados Unidos. No los buscamos. No hemos cambiado. Mantenemos nuestro compromiso con la relación transatlántica, pero también con la Carta de las Naciones Unidas, el multilateralismo, los valores europeos y el respeto del derecho internacional", declaró Albares en una entrevista con la cadena Al Yazira. En sus declaraciones, el ministro también abordó las amenazas que el actual presidente de Estados Unidos ha dirigido a España, incluidas las quejas por la falta de contribución a la OTAN y la negativa española a permitir el uso de su espacio aéreo por aviones estadounidenses en operaciones contra Irán. España se reafirma como un “aliado fundamental e indispensable para la organización” transatlántica, según José Manuel Albares. Al respecto, Albares, al igual que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, minimizó la importancia de estos comentarios, subrayando que no existe ninguna comunicación oficial al respecto y reafirmando el papel clave de España dentro de la OTAN. El ministro también se pronunció sobre la defensa del derecho internacional en crisis contemporáneas, como las de Oriente Próximo y Ucrania. España, según Albares, apoya la causa palestina y condena las imágenes de sufrimiento provenientes de Gaza, calificándolas como “una vergüenza para la conciencia de la humanidad”, al igual que la situación de los civiles en Ucrania. “Reconocemos el derecho de Israel a su propio Estado, por supuesto, en paz y seguridad. Pero…
La Comisión de Defensa del Congreso abordará este jueves las propuestas de PP, PSOE, Vox, Sumar y UPN destinadas a mejorar las condiciones laborales de los miembros de las Fuerzas Armadas con el objetivo de hacer la profesión más atractiva y estimular el reclutamiento. Este debate surge en un contexto global que exige intensificar las medidas de defensa y seguridad. Las iniciativas planteadas por los partidos incluyen el incremento de sueldos, la facilitación de la movilidad geográfica y la adopción de un índice de bienestar militar. Estas propuestas forman parte de las resoluciones al informe del Observatorio de la Vida Militar correspondiente a 2024, las cuales han sido recogidas por Europa Press. El Observatorio de la Vida Militar denuncia un déficit de entre 13.000 y 23.000 militares en servicio y señala el escaso interés por ascender dentro del cuerpo. Este órgano consultivo, dependiente de las Cortes, atribuye esta situación a los bajos sueldos y a los desafíos que conlleva la movilidad geográfica para el personal militar. Entre las alternativas discutidas, el PP sugiere crear un sistema de compensación por desarraigo, considerando el impacto personal y familiar de los cambios de destino. Asimismo, propone convenios entre el Ministerio de Defensa y los servicios autonómicos de empleo para facilitar la integración laboral del cónyuge del personal militar trasladado. En línea con el PP, Sumar solicita un plan integral de apoyo a la movilidad geográfica y la creación de ayudas específicas para afrontar las situaciones de doble residencia ocasionadas por los traslados. Vox, por su parte, aboga por incluir compensaciones para servicios extraordinarios como guardias y tareas que exceden la jornada laboral ordinaria del personal militar. Junto a UPN, Vox también pide aumentar el presupuesto para infraestructuras logísticas y su modernización. El PSOE y Sumar destacan la problemática del reclutamiento. Los socialistas apuestan…
Javier Ortega Smith, expulsado de Vox hace un mes, continúa integrado en el grupo parlamentario del Congreso a pesar de que su actividad se ha reducido considerablemente. Más allá de su participación en las votaciones durante las sesiones plenarias, no ha tenido intervenciones en el Pleno ni en comisiones parlamentarias desde enero pasado. La expulsión del que fuera uno de los fundadores de Vox fue anunciada en marzo por el Comité de Garantías del partido, que le acusó de cometer una infracción muy grave. El motivo fue frustrar su relevo como portavoz del partido en el Ayuntamiento de Madrid, lo que llevó a que fuera sancionado por desobediencia y suspendido de militancia. Ortega Smith, exsecretario general del partido, se ha mantenido al frente del grupo municipal hasta ahora, basado en lo que considera lo legítimo. Presentó un recurso contra la decisión de su expulsión, el cual fue rechazado, formalizando así su salida de Vox el 16 de abril. A pesar de su expulsión, Ortega Smith continúa como portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, respaldado por la mayoría. Ha indicado que la situación no cambiará hasta que la Justicia resuelva una demanda por presunta vulneración de sus derechos fundamentales que interpuso contra la dirección del partido. La dirección de Vox ha mantenido a Ortega Smith en el Congreso pese a su expulsión del partido, pero su papel político se ha debilitado considerablemente. En el Congreso, la portavoz Pepa Millán confirmó que el proceso interno sigue su curso y que el resultado es muy previsible, sugiriendo que Ortega Smith podría terminar en el Grupo Mixto en el futuro. Las declaraciones de Millán subrayan que hay un procedimiento reglado conforme a los estatutos del partido. A pesar de ello, Vox ha ido despojando a Ortega Smith de sus…
La vida en los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf, Argelia, continúa siendo complicada cinco décadas después de su establecimiento. Más de 170,000 personas dependen en gran medida de la ayuda internacional, temiendo caer en el olvido mientras compiten por fondos humanitarios en un contexto global de crecientes crisis. Las jaimas iniciales en la 'hamada' argelina han dado paso a construcciones de ladrillo, indicando que los saharauis no esperan una pronta resolución a su situación. Considerada una de las situaciones de refugiados más prolongadas a nivel mundial, según Ikram Houimli, responsable de relaciones externas del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) en Argelia, los saharauis viven en el exilio en un entorno hostil por las condiciones climáticas y la escasez de recursos. Aline Rumonge, representante del Programa Mundial de Alimentos (PMA) en Argelia, señala que los cinco campamentos al sur de Tinduf enfrentan pobreza, desnutrición y limitadas oportunidades de empleo. El 80% de los refugiados dependen completamente del apoyo humanitario para satisfacer sus necesidades básicas. La disminución de los fondos ha afectado significativamente la respuesta humanitaria en los campamentos saharauis, obligando a priorizar de manera drástica. La resiliencia y solidaridad de los refugiados saharauis es sobresaliente. Han establecido una red de ayuda mutua para asegurar la distribución equitativa de la asistencia, a pesar de que la atención mundial en otras crisis ha reducido los recursos disponibles para ellos. La responsable de ACNUR destaca el impacto negativo que el descenso de financiación tiene en servicios críticos como educación y salud. Los problemas de desnutrición son alarmantes, con un 40% de los hogares sufriendo consumo alimentario inadecuado y solo el 11% de los niños de 6 a 23 meses disfrutando de una dieta mínimamente aceptable. El PMA mensualmente distribuye ayuda alimentaria equivalente a 2,2 millones de euros, crucial para…
El Ministerio del Interior ha revelado que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias acumula una deuda de 76,3 millones de euros por gastos sanitarios derivados de la atención a los reclusos desde 2018. Durante este período se han abonado 121,4 millones de euros. La Comunidad de Madrid es la principal acreedora, con una deuda de 27,2 millones de euros, cifra que representa el 35% del total. No obstante, desde 2018, la región ha recibido 21 millones de euros por este concepto, según detalla una respuesta parlamentaria obtenida por Europa Press. Andalucía ocupa el segundo lugar en el listado de deudas, con 14,8 millones aún pendientes de pago, después de que se le hayan transferido 9,9 millones. Otras comunidades con deudas significativas incluyen Baleares (7,2 millones), Aragón (6,6 millones), Canarias (5,5 millones), Castilla y León (4,5 millones) y Galicia (3,4 millones). La adecuación de los servicios y funciones en sanidad penitenciaria es un objetivo estratégico para la Administración Penitenciaria, según el Ministerio del Interior. El ministerio ha recalcado que se busca avanzar en el traspaso de competencias sanitarias a las comunidades, conforme a lo estipulado en la Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. Esta transferencia ya ha sido completada en el País Vasco (2011), Navarra (2021) y Cataluña, aunque esta última lo hizo antes de la normativa vigente. La disposición adicional sexta de dicha norma establece la integración de los servicios sanitarios penitenciarios en el Sistema Nacional de Salud y su traspaso a las comunidades autónomas. En ausencia de este traspaso, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha realizado importantes esfuerzos para garantizar la asistencia sanitaria a los internos, según ha señalado el Ministerio del Interior. Se han firmado convenios con varias comunidades autónomas en materia de asistencia sanitaria, interoperabilidad de la Historia Clínica Digital y…