Revista Capital

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha publicado las solicitudes del Ingreso Mínimo Vital (IMV) que ya constituyen una realidad para todas las provincias, entre las que se erigen Madrid y Sevilla como aquellas con mayores solicitudes aprobadas con un total de 12.897 en la provincia madrileña y 11.495 en la andaluza. El resto de provincias que más solicitudes aceptadas tienen no superan las 9.000 instancias. Se encuentra Valencia con 8.563, seguida de Cádiz con 8.493 diligencias aprobadas. Les sigue la provincia de Málaga con 6.899 solicitudes y la de Alicante con 6.887. En total unas 400.000 personas se van a beneficiar de esta ayuda donde más de la mitad son menores de edad. Carles Mulet, senador de Compromís advierte que es urgente la coordinación con las comunidades autónomas y reitera las consecuencias de la mala gestión, “lo que nos temíamos está ocurriendo: la administración partía de cero, no tiene medios humanos, datos ni mecanismos, podrían generarse duplicidades que acaben perjudicando a las personas por haber enviado tarde y mal los protocolos”. Las solicitudes del IMV ascendían en un primer momento a más de un millón, pero tras un primer baremo se dedujo que cerca de 40.000 instancias estaban duplicadas o en blanco, lo que sitúa la cifra final en unos 975.000 expedientes válidos.
La reducción de movilidad a nivel mundial y la crisis económica derivada de la pandemia ha disminuido radicalmente tanto el número de viajeros como de pernoctaciones en septiembre en España, en especial ha incidido en la actividad turística de Madrid, que continua muy limitada. De los viajeros alojados en septiembre en los hoteles de la capital, un 73% eran residentes en España y un 26% de otro país. En las pernoctaciones, un 63% corresponde a residentes en la península ibérica y un 36% a residentes en el extranjero. Ha disminuido en 34 puntos respecto hace un año la llegada de viajeros procedentes de otros países y sus pernoctaciones han bajado 32 puntos respecto al 2019. El porcentaje de viajeros que residen en España ha disminuido un 68% mientras que el de los llegados de fuera ha aumentado a un 92%. Tanto los viajeros como las pernoctaciones se han reducido un 83% en comparación interanual, con una reducción del 66% en el turismo nacional y del 91% en el turismo internacional. En el último año los turistas extranjeros han experimentado un descenso en términos acumulados del 57% frente a un 45% de reducción que pertenece al turismo nacional. En España el acumulado anual del número de viajeros retrocede un 44% y de las pernoctaciones un 57%. El INE no publicó datos para los meses de marzo, mayo y junio, por lo que el Ayuntamiento de Madrid ha estimado ese periodo de tiempo. La menor reducción de las pernoctaciones de los turistas nacionales respecto hace un año corresponde a la Comunidad de Madrid, seguida de Castilla-La Mancha. Los mayores descensos proceden de Melilla y los archipiélagos canario y balear. En cuanto al turismo extranjero, los países que menos han disminuido las pernoctaciones respecto de septiembre del año pasado son Francia y Portugal.…
El Gobierno baraja la aprobación este mismo fin de semana de un nuevo 'estado de alarma' tras el aluvión de peticiones realizadas por la Comunidades Autónomas para poder aprobar toques de queda o medidas extraordinarias para controlar la pandemia de la COVID-19. Hasta el momento las comunidades de Cataluña, País Vasco, Navarra, Extremadura, Asturias, La Rioja, Cantabria y Melilla han solicitado la declaración del estado de alarma, mientras que las de Madrid, Comunidad Valenciana, Murcia y Castilla y León han anunciado que aplicarán toques de queda totales o parciales. Castilla La-Mancha pedirá la medida este sábado tras aprobarlo formalmente en un consejo de gobierno extraordinario. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está de viaje en Roma este sábado por la mañana para tener un encuentro con el Papa Francisco en El Vaticano. La agenda gubernamental está despejada por la tarde del sábado y el domingo, momentos en que se podría convocar un Consejo de Ministros Extraordinario para aprobar el citado estado de alarma. Sánchez ya instó a las Comunidades Autónomas en una comparecencia en La Moncloa este viernes a pedir el estado de alarma en sus territorios cuando la situación fuera "extrema". En principio, según el Gobierno, este estado de alarma no implicaría un confinamiento similar al de la primera oleada de los meses de marzo y abril, sino que sería el marco legal para que los gobiernos autonómicos establezcan sus propias medidas, de acuerdo al marco común aprobado en el Consejo Interterritorial de Salud de esta semana.
La situación económica y laboral derivada de la crisis sanitaria del coronavirus está repercutiendo de forma directa en muchísimos aspectos. Uno de ellos es la situación de miles de trabajadores que con la implantación del estado de alarma vieron cómo sus puestos de trabajo quedaron en peligro. Y en muchos casos así ha sido. Tanto es así que según se ha desprendido este viernes del Ministerio de Trabajo y Economía Social, entre enero y agosto el número de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE) se ha multiplicado casi por 20. Dicho de otro modo, han sumado 968.452 afectados, de los que 10.330 corresponden al mes de agosto. De esos casi 970.000 trabajadores, el 99,4% (963.069) se encontraban en procedimientos de suspensión de contrato o de reducción de jornada, es decir, treinta veces más que en el mismo periodo de 2019. En cuanto al número trabajadores afectados por despidos colectivos, la cifra se ubica en 5.383, un 0,6% del total, es decir, un 69,4% menos que el año anterior. Según ha destacado el Ministerio, estas cifras se corresponden solo con los procedimientos nacionales, por lo que hay que añadir todos aquellos incluidos o presentados a autoridades provinciales o autonómicos. ¿Y qué sectores han sido los más afectados por estas medidas? El comercio y la hostelería. En concreto, el comercio al por mayor y por menor y reparación de vehículos concentró el mayor número de afectados por ERE hasta agosto (276.624), junto a hostelería (150.125) y actividades administrativas (122.816), mientras que el menor número se registró en la Administración Pública (196), las industrias extractivas (656), el suministro de agua (2.051), actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales (2.758) y las actividades inmobiliarias (2.795). Por comunidades autónomas las más afectadas han sido la Comunidad de Madrid (253.154), seguida de Cataluña (177.666)…
Las restricciones de movilidad a causa de la pandemia del coronavirus han puesto en jaque a un sector tan importante para España como es el turismo. Una situación que ha derivado en una caída generalizada de esta área que ha visto en el anuncio del fin de las recomendaciones de no viajar a Canarias una mínima luz al final del túnel. Este fin de semana volverán a llegar turistas de Alemania y Reino Unido al archipiélago canario después de que sendos países hayan decidido eliminar las restricciones impuestas desde este verano para viajar a las islas. Ahora sí son un destino seguro. Una noticia recibida con gran júbilo en el sector turístico, que se ha visto especialmente afectado por estas medidas. En primera instancia porque el 55% de los turistas que llegan a Canarias proceden de ambos países; en segundo, porque las recomendaciones de movilidad dentro de nuestras propias fronteras tampoco han ayudado a levantar al sector. Y las cifras no ayudan al optimismo. Tanto es así que este mismo viernes se ha conocido que las pernoctaciones han disminuido en septiembre un 78,4% con respecto al mismo mes del año pasado. En cifras cuantitativas se ha pasado de los 37,5 millones de pernoctaciones a las 8,1 millones. ¿Y cuántos de ellos han sido turistas extranjeros? 600.000, con 1,7 millones. Estos datos han repercutido de forma directa en la apertura de establecimientos, ya que este pasado mes hubo un total de 12.202 hoteles abiertos, un 26,8% menos que en septiembre de 2019. Si se amplía el rango los datos no son mejores. En los nueve primeros meses del año se han producido 80,5 millones de pernoctaciones, es decir, un 71% menos que el mismo periodo del año anterior. Ahora toda la esperanza del sector se encuentra centrada en Canarias, donde su…
El Parlamento Europeo ha solicitado este jueves que se pongan en marcha una serie de normas comunes en el teletrabajo con el fin de garantizar unas condiciones laborales “dignas” tanto en las horas de trabajo, las vacaciones, así como el derecho a la desconexión y a la conciliación laboral. Así lo han aprobado los eurodiputados en un informe sobre empleo y políticas sociales en la eurozona en el que se apunta que la pandemia “"ha puesto de manifiesto la importancia de las soluciones digitales, en particular el teletrabajo, y la necesidad de establecer normas a ese respecto a nivel europeo”. Y es que el teletrabajo como fórmula laboral ha sido el gran reclamo de muchas empresas durante la etapa de confinamiento que han vivido millones de personas en todo el mundo. Tal y como ha señalado la Eurocámara, con unos regímenes de trabajo flexible debidamente regulados, los teletrabajadores "pueden desempeñar un papel importante en la preservación del empleo, apoyar un mejor equilibrio entre vida profesional y privada, contribuir a la reducción de las emisiones de CO2, mejorar las oportunidades laborales de personas discapacitadas y servir como herramienta para abordar la despoblación rural". Por ese motivo la Comisión ha instado a elaborar una "agenda" comunitaria en este aspecto en la que se incluya un “marco legislativo” donde garantice unas condiciones laborales “dignas”. No solo eso. El informe aboga por prestar "una especial atención" a los grupos de la población que durante la pandemia "han experimentado las mayores dificultades para conciliar vida laboral y vida familiar al teletrabajar”: familias monoparentales, familiares que deben proporcionar cuidados continuos a personas dependientes, etc. El objetivo de la Comisión con esta propuesta es "allanar el camino" de una nueva "era" en la que la UE cumpla sus objetivos "sociales”. Pero, para lograrlo, deben destinarse más fondos…
El Congreso de los Diputados ha rechazado la moción de censura impulsada por Vox para sacar a Pedro Sánchez de la Moncloa. Una votación que solo ha contado con el apoyo de los 52 parlamentarios del grupo que lidera Santiago Abascal, el candidato aspirante, y que se ha convertido en la menos votada de las cinco impulsadas durante la democracia. 298 votos en contra. Este es el resultado que ha obtenido Vox, incluidos el no del Partido Popular, UPN y Foro Asturias, al intento de Santiago Abascal de lograr una moción de censura contra el gobierno que lidera Pedro Sánchez y proponer unas nuevas elecciones generales en medio de un ambiente de incertidumbre a causa del coronavirus. Para relevar a Sánchez, el candidato de Vox necesitaba reunir la mayoría absoluta de la Cámara, 176 votos, y como no lo ha logrado la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha dado por rechazada la iniciativa. De hecho, solo ha recibido el sí del 15% de la cámara que conforma su propia formación política. Esto convierte la votación de este jueves en la menos votada de la reciente historia democrática, por debajo incluso de los 68 votos de la Alianza Popular de Antonio Hernández Mancha en 1987 y de los 82 que cosechó Pablo Iglesias y Podemos en 2017.
La deuda del conjunto de las administraciones públicas ha alcanzado en agosto un nuevo récord al situarse en 1.298.736 millones de euros, es decir, 7.357 millones más con respecto a julio. Según los datos actualizados este jueves por el Banco de España, la deuda pública española era al cierre de agosto 102.586 millones mayor que un año antes. En concreto, la deuda del Estado ascendía a 1.161.398 millones tras incrementarse en 7.965 millones con respecto a julio, mientras que la de la Seguridad Social se incrementó en 3.746 millones hasta los 72.605 millones. Sin embargo, la deuda autonómica se redujo en 344 millones, hasta los 302.689 millones, y la de las corporaciones locales, en 469 millones, hasta los 24.557 millones. La mayor parte de la deuda pública se encontraba en valores representativos de deuda, tanto a largo plazo (1.048.712 millones) como a corto plazo (85.357 millones). El resto se repartía en préstamos (159.710 millones) y efectivo y depósitos (4.956 millones).
La Comisión Europea ha estimado que podrá emitir los primeros fondos con los que financiar el plan europeo de recuperación de 750.000 millones de euros durante el verano de 2021. Dicho de otro modo, las ayudas no llegarán como mínimo hasta la segunda mitad del próximo año. El motivo no es otro sino que Bruselas no puede comenzar a emitir deuda hasta que reciba el visto bueno por parte de los Estados miembros y estos ratifiquen en sus correspondientes parlamentos el incremento dl techo de gasto de recursos propios de la Unión Europea. Sin embargo, el retraso en las negociaciones sobre el presupuesto comunitario no hace presagiar que los resultados se aceleren. Según ha señalado el comisario de Presupuesto, Johannes Hahn, la Comisión Europea captará durante los próximos meses deuda “a gran escala” por primera  vez en su historia, al tiempo que ha dado los primeros datos de la emisión de bonos sociales que Bruselas otorgará para financiar el fondo europeo contra el desempleo. Serán más de 900.000 millones de euros hasta 2026, aunque la gran mayoría se emitirán entre 2021 y 2024. A estos hay que sumar los 50.000 millones que las instituciones europeas heredan de la crisis financiera,  lo que incrementará las obligaciones de la Unión Europea a cerca del billón de euros.
El Tribunal Supremo español ha afirmado este miércoles que no ha apreciado abuso de mercado en el análisis de cuatro casos vinculados al polémico Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH), aunque sí una falta de transparencia en la constitución de las hipotecas afectadas por no informarse de la evolución de este tipo de interés. Según ha comunicado el alto tribunal, "en los cuatro recursos resueltos, siguiendo la jurisprudencia del TJUE (Tribunal de Justicia de la Unión Europea), ha apreciado falta de transparencia por no haberse informado de la evolución del índice de los dos años anteriores". Sin embargo, “siguiendo también la jurisprudencia del TJUE, ha procedido a hacer el análisis de abusividad concluyendo, en los casos enjuiciados, que no había abusividad". Esta decisión del Supremo llega después de que el Tribunal de Justicia Europeo alegase en marzo que correspondía a la justicia española decidir caso por caso si las cláusulas eran abusivas y decidir la posible aplicación de un tipo de interés alternativo. Tras conocer la noticia las patronales bancarias la han festejado. “El Tribunal ha zanjado el asunto no declarando abusiva la cláusula del IPRH, confirmando el criterio del propio tribunal y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la validez de la utilización del índice y que no es abusivo”, ha declarado el portavoz de la Asociación Española de Banca (AEB), José Luis Martínez Campuzano. Las hipotecas ligadas al IRPH, que se comercializaron de forma generalizada en 2007 y 2008, fijaban tipos más altos que el del Euribor y no permitían que los clientes se viesen favorecidos por todo el recorte en los tipos de interés del Banco Central Europeo. Unos años más tarde, en 2013, el Gobierno español suprimió el IRPH alegando que era injusto, lo que llevó a muchos clientes a llevar a…