Revista Capital

El Congreso de los Diputados se convierte este miércoles y este jueves en el escenario del debate de la moción de censura de Vox que pretende acabar con el Ejecutivo de Pedro Sánchez. No obstante, Santiago Abascal no cuenta con los apoyos suficientes para poder sacarla adelante y se espera que sea la menos votada de la democracia. Este miércoles es la fecha indicada en la que dará comienzo el debate en el que Santiago Abascal buscará quitar a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Todo se desarrollará en base a lo establecido en el artículo 113 de la Constitución y el 177 del Reglamento del Congreso, de tal forma que el primero en tomar la palabra será Ignacio Garrica, quien defenderá la moción sin límite de tiempo. Aunque el Gobierno puede intervenir cuando quiera, si esto no ocurre el siguiente en acudir a la tribuna será el propio Santiago Abascal. El objetivo, exponer sin tiempo límite las propuestas por las que deben votarle el resto de parlamentarios para convertirle en presidente. Una vez finalice, Meritxell Batet, presidenta de la Cámara, interrumpirá la sesión. A su reanudación será el turno del resto de parlamentarios, que intervendrán de orden menor a mayor por un tiempo de treinta minutos. Comenzará el Grupo Mixto, con Tomás Guitarte (Teruel Existe), Isidro Martínez Oblanca (Foro), José María Marzón (PRC), Carlos García Adanero (UPN), Pedro Quevedo (Nueva Canarias), Ana Oramas (Coalición Canaria), y la CUP. El segundo grupo en intervenir será Bildu, representada por Mertxe Aizpurua, seguido del PNV (Aitor Esteban), Ciudadanos (Inés Arrimadas), y los miembros del Grupo Plural: Néstor Rego (BNG), Joan Baldoví (Compromís), Íñigo Errejón (Más País) y Laura Borràs (Junts). Acto seguido continuará Esquerra Republicana (ERC) con Gabriel Rufián (ERC); Unidas Podemos con Lucía Muñoz y Sofía Castañón por Podemos, Roser Maestro…
El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentará este martes una demanda antimonopolio contra Google por violar la ley al usar su poder en el mercado para defenderse de sus rivales, según ha informado Reuters. Al parecer, la matriz de Alphabet puso en desventaja a sus contrincantes para mantener su posición dominante como motor de búsqueda y vender más anuncios. Esta demanda, según el fiscal adjunto del Departamento de Justicia, afirma que “sin una orden judicial Google continuará ejecutando su estrategia anticompetitiva, paralizando el proceso competitivo, reduciendo las opciones de los consumidores y sofocando la innovación”. No solo eso. También incide en que Google sustenta un papel de “principal guardián de acceso” a internet a través de “una red ilegal de acuerdos exclusivos que daña a los competidores”. “Por el bien de los consumidores, anunciantes y todas las empresas que ahora dependen de la economía de internet, ha llegado el momento de detener la conducta anticompetitiva de Google y restaurar la competencia”. El Departamento de Justicia de EEUU también ha señalado que Google controla alrededor del 80% de las búsquedas que se producen en Estados Unidos y que ha llegado a acuerdos con fabricantes de smartphones que utilizan Android para “precargar” el motor de búsqueda de Google en dichos teléfonos con el fin de dificultar el acceso a otros. Esta demanda puede extenderse en el tiempo, no obstante, llega en un momento crucial: las elecciones estadounidenses están a la vuelta de la esquina. Además, podría verse como un gesto político después de que el presidente norteamericano, Donald Trump, prometiese pedir cuentas a determinadas empresas por sofocar las voces conservadoras.
El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha afirmado este martes en la clausura del XI Encuentro del sector financiero organizado por KPMG y Expansión que la crisis sanitaria está provocando “innegables repercusiones” para el sistema financiero. Una situación que podría desembocar en una crisis a la que ha llamado a evitar. “Los rebrotes de la enfermedad están obligando a mantener e incluso a aumentar de nuevo las restricciones a la actividad y al movimiento e interacción de las personas”, ha señalado Hernández de Cos, apuntando que “esta persistencia hace más probable que se produzcan daños estructurales que estamos empezando a percibir que se producirán como consecuencia de esta crisis”. Ante este “incierto” escenario, el gobernador del Banco de España ha solicitado una política económica que evite la incertidumbre de los agentes económicos y que apoye la recuperación.  El objetivo: evitar que la crisis sanitaria y la económica se transforme en una crisis financiera. Para ello ha instado a conformar una estrategia de política económica que mantenga las medidas de apoyo de rentas de hogares y empresas, así como las financieras y monetarias, ya que su retirada “causaría unos perjuicios que exceden los posibles costes de mantenerlas hasta que la recuperación dé muestras de suficiente solidez”. En cuanto al posible endeudamiento empresarial, Hernández de Cos ha apuntado que tendría sentido modificar los instrumentos de apoyo a las empresas. “Las ayudas directas o inyecciones temporales capital pueden resultar instrumentos más eficaces ahora para las empresas viables”. Sobre las que se enfrentan a dificultades, el gobernador del Banco de España ha señalado que “debería facilitarse un funcionamiento más ágil de los procedimientos de reestructuración de las deudas” para hacer frente a sus obligaciones financieras.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Plan Anual de Política de Empleo para 2020 (PAPE). Este cuenta con una dotación total de 5.793,7 millones de euros, aunque 1.944,5 millones ya se han repartido entre las comunidades autónomas. Así lo ha apuntado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior a la reunión ministerial. El primero una parte se certificó durante la LXXVIII Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales celebrada en abril, donde se acordó distribuir 1.048,5 millones. Posteriormente, durante la Conferencia Sectorial celebrada el 30 de septiembre se repartieron otros 895,9 millones de euros. Pero, ¿de qué consta este Plan Anual de Política de Empleo para 2020 y cómo se van a repartir los 3.849 millones restantes? En concreto, este Plan trata de los  servicios y programas que llevarán a cabo tanto las comunidades autónomas como el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Para poder definirlas, este Plan ha tenido en cuenta el Programa Nacional de Reformas 2020 con las medidas adoptadas para hacer frente a la crisis sanitaria, económica y social de la pandemia, entre las que destacan la prestación para afectados por expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), el refuerzo de la protección frente al desempleo o la creación de subsidios extraordinarios como el destinado a empleados del hogar. Asimismo, ha incorporado las medidas para jóvenes y parados de larga duración. En concreto, consta de 969 servicios y programas distribuidos en seis ejes (orientación, formación, oportunidades de empleo, igualdad de oportunidades en el acceso del empleo, emprendimiento y mejora del marco institucional del Sistema Nacional de Empleo). Este Plan recoge 30 nuevos indicadores que permitirán evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos marcados y su evaluación periódica para obtener información útil y agregada sobre la política de…
La Seguridad Social ha ganado una media de 15.330 afiliados extranjeros en el mes de septiembre, lo que supone un 0,7% más que en el mes anterior. En total hay  2.078.201 inmigrantes cotizantes, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Este es el quinto mes consecutivo en el que sube la afiliación de extranjeros desde abril, cuando el total de afiliados extranjeros fue de 1.972.552. Esto en el conjunto del sistema representa una media del 11,01% del total. Ahora bien, en el último año se han perdido 67.061 afiliados extranjeros, es decir, un descenso del 3,1%. Un retroceso que pese a ser negativo desde el inicio de la pandemia ya se ha dado la vuelta en ocho autonomías. ¿De qué países proceden estos inmigrantes cotizantes? 1.318.785 de países de fuera de la UE (63,46%) y el resto, cifrados en 759.416, de países comunitarios (36,54%). Por naciones cabe destacar que los más numerosos proceden de Rumanía (329.736), Marruecos (253.089), Italia (126.197) y China (98.882).
La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) no ha decidido todavía si finalmente emitirá una divisa digital en el corto plazo o no. Y es que el auge de las criptomonedas como alternativa al mercado monetario tradicional se encuentra en auge en los últimos tiempos, pero desde el organismo monetario norteamericano son claros: hace falta ser cautos. El presidente de la Fed, Jerome Powell, ha señalado este lunes en un debate sobre pagos transfronterizos organizado por el FMI que por el momento “no hemos tomado una decisión sobre la emisión de una divisa digital del banco central y creemos que todavía hay mucho trabajo por hacer y muchas consultas públicas con todas las partes implicadas que realizar antes de decidir algo así”. Para Powell, “es más importante hacerlo bien que hacerlo primero y esto implica que no sólo analicemos los potenciales beneficios de la moneda digital sino sus riesgos, y que reconozcamos que las operaciones internacionales de mercado deben planificarse con cuidado y consideración”. Si bien es cierto que hay muchos bancos centrales que están explorando esta posibilidad por diferentes motivos, el presidente de la Fed ha apuntado que de tomar la decisión en positivo se realizaría para comprobar “cómo puede mejorar un sistema de pagos doméstico que ya es seguro, efectivo, dinámico y eficiente”. El problema que ve Powell en primera instancia es la seguridad. Los posibles ciberataques, las implicaciones que esto podría tener para la estabilidad económica y cómo proteger la privacidad de los usuarios ante actividades ilegales son varias de las cuestiones que previamente ha de responder el organismo para decantarse por una opción u otra.
El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha descartado este lunes la opción de incluir la regulación del precio del alquiler en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en el corto y medio plazo. Un anuncio que se produce pocos días después de que el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, asegurase que así sería. “Estamos dispuestos a seguir hablando, pero creemos que el momento más adecuado es cuando se despejen todas las incertidumbres del mercado de la vivienda”, ha señalado el también secretario de organización del PSOE, quien ha entendido que “el encaje jurídico más adecuado es la ley estatal de vivienda”. En cualquier caso, Ábalos sí ha apuntado que “poner freno en algunos alquileres desmesurados” es un “compromiso” del Ejecutivo de coalición que “tenemos que cumplir”. La cuestión, ha insistido, “es cuándo la vamos a cumplir”. De esta forma el ministro socialista ha rechazado aprobar en un breve periodo de tiempo una regulación que para el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, estaba destinada para las cuentas públicas del próximo ejercicio. Así lo aseguró a los sindicatos de inquilinos de Madrid y Barcelona hace unos días, a quienes confirmó esta opción. Pero no será así. Tal y como ha señalado José Luis Ábalos, lo óptimo en este caso será incluir dicha regulación del precio del alquiler en la nueva ley de vivienda que el Gobierno está preparando. Dicha medida sería similar a la adoptada en Catalunya que acota las rentas del alquiler en los 60 municipios de la región más tensos. Traducido a niveles nacionales, esta regulación dotaría al área de vivienda de cada organismo autonómico de una herramienta con la que limitar los precios legalmente.
El Gobierno ha anunciado una oferta pública de empleo para la Administración General del Estado de 18.266 plazas, 3.030 más que la última respuesta del Ejecutivo. No obstante, esta propuesta no ha gustado a los sindicatos laborales, los cuales la consideran “insuficiente” al entenderla inferior a la del año pasado. Este 2020 el Gobierno pretende aprobar una oferta de empleo público de 18.266 plazas, 9.270 de nuevo ingreso y 8.996 de promoción interna. Una cifra que no ha convencido a los sindicatos por ser menor que la de 2019: el pasado año se ofertaron 19.688 puestos, 11.338 de libre acceso y 8.350 de promoción interna. “No compartimos ni el volumen ni la distribución”, han asegurado desde CC.OO., quienes entienden que el Ministerio de Función Pública “vacía el Convenio único y abandona a los sectores más críticos de la Administración General del Estado, impulsando un modelo de Administración alejado de los problemas de la ciudadanía”. El motivo es que el año pasado se generaron 8.708 bajas en la administración, en su mayoría por jubilaciones. El sindicato propone que la oferta no se ubique por debajo de los 10.150 puestos, que resultarían de la aplicación del coeficiente de incremento de 2019, es decir, un 26% sobre la tasa de reposición. Por su parte, CSIF ha denegado también dicha propuesta del Ejecutivo al creer que “no se cubren las necesidades de la Administración”. Según los datos del sindicato, en diez años la Administración Central ha perdido 43.477 trabajadores. Y no solo eso. El 20% de la actual plantilla está al borde de la jubilación. En el lado opuesto se encuentra UGT, que ha visto con buenos ojos la oferta del Gobierno. “Se trata de una oferta de promoción interna récord que abre posibilidades de  progresión en la carrera profesional”.  A falta del acuerdo,…
En España el precio de la vivienda en alquiler experimenta en septiembre un descenso trimestral del -0,7% y un incremento interanual de un 12%, situando el precio de septiembre en 10,74 euros por metro cuadrado al mes, según los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa. Este último incremento interanual supone el sexto incremento en cadena registrado en este periodo después del 1,6% de 2015, el 3,5% de 2016, el 14,8% de 2017, el 15% de 2018 y el 2,3% de 2019. “A pesar de que el precio del alquiler sigue subiendo con fuerza en buena parte de las Comunidades Autónomas es importante remarcar el leve descenso trimestral registrado durante el tercer trimestre de 2020 respecto al segundo trimestre porque indica que los precios durante la pandemia se han estabilizado y en algunos casos se están haciendo rebajas en el precio. No obstante, la variación interanual (12%) es bastante elevada e indica que el alquiler aún sube con fuerza en buena parte del país aunque hay algunas comunidades como Baleares, Canarias y Madrid en las que los descensos interanuales son ya una realidad”, explica Anaïs López, directora de Comunicación de Fotocasa. En septiembre de 2020 el precio trimestral desciende en 12 de las comunidades autónomas. El descenso más señalado es el -4,2% de Baleares. Le siguen, Madrid  (-3,8%), Castilla-La Mancha (-2,6%), Región de Murcia (-2,2%), Andalucía (-2%), Cantabria (-1,7%), Cataluña (-1,5%), Comunitat Valenciana (-1,4%), Castilla y León (-1,4%), Navarra (-1,2%), Aragón (-1,1%), Galicia (-0,6%). Por otro lado, las comunidades con incrementos trimestrales son: Extremadura (2,5%), País Vasco (1,7%), Asturias (1,3%), La Rioja (0,4%) y Canarias (0,4%). En cuanto al ranking de precios por comunidades, por Madrid se paga por metro cuadrado 14,72 euros. Le siguen las comunidades de Cataluña (14,41 €/m2 al mes), País Vasco (13,44 €/m2 al mes), Baleares (12,02 €/m2…
Continúa el impacto de la pandemia del coronavirus en el consumo interno del país. Así lo desprenden los datos publicados este lunes por el Ministerio de Industria, Consumo y Turismo, que señalan una reducción del 54.6% del déficit comercial español en los primeros ocho meses del año con respecto al mismo periodo del año anterior hasta los 9.616 millones de euros. Esta caída se explica por el drástico descenso de las exportaciones, que caen un 14% en el mismo periodo hasta los 165.152 millones, así como el de las importaciones, que retroceden un 18.1% hasta los 174.767 millones de euros. Las importaciones de productos no energéticos alcanzaron los 155.950 millones de euros, un 15% menos que la cifra registrada en el mismo periodo del año anterior. En cuanto a las importaciones de productos energéticos, se sitúan en los 18.816 millones de euros, un 37.1% menos. La secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, ha subrayado que el actual contexto internacional es “complejo” y el impacto de la pandemia sigue reflejándose en algunas regiones. Sin embargo, hay “indicios esperanzadores” como en la exportación que apuntan a un futuro prometedor. En cuanto a sectores, Méndez ha apuntado a un “buen comportamiento” del sector alimentario que se suma a los “tres meses de crecimiento” del automovilístico.