La Comisión Europea ha decidido ampliar el expediente sancionador que mantiene desde hace siete años contra España. El motivo es la discriminación fiscal que sufren los ciudadanos no residentes respecto al impuesto sobre la renta por los ingresos de alquiler de bienes inmuebles en el país. Este expediente, iniciado en marzo de 2019, comenzó cuando Bruselas instó a España a corregir estas irregularidades a través de una carta de emplazamiento.
Según informa la Comisión, los residentes en España disfrutan de una reducción del 60% en la base imponible por los ingresos de alquiler, pero los no residentes no tienen acceso a tal deducción. Este trato desigual se considera una "restricción a la libre circulación de capitales" por parte del Ejecutivo comunitario. A pesar de los intercambios mantenidos con Bruselas, España no ha modificado la legislación para corregir la discriminación.
Si España no subsana las deficiencias en dos meses, podría enfrentarse a un dictamen motivado y eventualmente al Tribunal de Justicia de la UE
En 2025, el Gobierno español introdujo modificaciones que tampoco solucionan la disparidad, permitiendo solo a los residentes beneficiarse de deducciones que varían entre el 20% y el 90% de la base imponible. Ante esta situación, Bruselas demanda a España una respuesta en dos meses. De no atenderse este requerimiento, el proceso sancionador continuará, con la posible elevación del caso al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).
