El Pleno del Consejo Económico y Social (CES) ha dado luz verde este miércoles al dictamen sobre el anteproyecto de ley que plantea la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, además de abordar el derecho a la desconexión digital y el registro horario digital. Esta aprobación se ha realizado con solo dos votos en contra, provenientes de los sindicatos CIG y ELA, y una abstención, según han indicado fuentes del organismo a Europa Press.
El dictamen, resultado del consenso entre empresarios, sindicatos y organizaciones del tercer sector, presenta varios «toques de atención» al Gobierno. Se pone en cuestión la prisa excesiva con la que se envió el texto del anteproyecto a las organizaciones empresariales, así como el plazo ajustado para realizar alegaciones, el cual coincidió con el periodo navideño, dificultando los procesos de consulta internos.
El CES también expresa su preocupación por la falta de una explicación detallada en la exposición de motivos que justifique por qué este anteproyecto no será sometido a un dictamen del Consejo de Estado. Según el CES, sería «de interés» contar con un análisis de este organismo en una iniciativa de tal magnitud y alcance. En su dictamen, el CES argumenta:
Una iniciativa de esta naturaleza y alcance hubiese requerido de una exposición de motivos elaborada con más detenimiento y precisión
Además, el Consejo considera que se debería haber consultado la opinión de organizaciones de carácter sectorial, en particular del sector agrario y pesquero, dado que estarán afectados por la norma. En este contexto, el CES recalca que no comparte la decisión de emitir un dictamen en un plazo de urgencia de diez días, argumentando que temas tan relevantes requieren de un debate más sosegado y profundo.
En relación al análisis de impacto económico, el CES sostiene que la justificación económica de la reforma es «insuficientemente fundamentada e incompleta». Un análisis más exhaustivo sería necesario para comprender los efectos económicos a corto y medio plazo del nuevo sistema de registro de jornada y del derecho a la desconexión, indicadores que no se abordan en la memoria presentada.
Finalmente, el CES destaca que el diseño del anteproyecto no puede considerarse como un resultado del diálogo social, dado que este se ha originado a partir de un acuerdo entre CCOO y UGT junto con el Gobierno. Aconseja que se incluya un marco «más flexible» para llevar a cabo la rebaja de la jornada, subrayando la necesidad de establecer un sistema de entrada en vigor donde se aclare la nueva jornada máxima y que sea adaptable a diferentes sectores.
