La reducción de la jornada laboral máxima hasta las 37,5 horas semanales, sin merma salarial, se presentará nuevamente en el Consejo de Ministros el próximo martes para su aprobación como proyecto de ley. Esta medida será enviada luego al Congreso, donde el Gobierno espera obtener los apoyos necesarios para su aprobación. Originalmente, estaba previsto que el Consejo de Ministros diera luz verde a esta propuesta el martes pasado, pero debido a circunstancias imprevistas, se retrasó hasta esta semana.
La llegada del texto acordado entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos CCOO y UGT al Consejo de Ministros se produce más de dos meses después de que se aprobara como anteproyecto de ley, una vez recabados los informes del Consejo de Estado y del Consejo Económico y Social (CES). Esta segunda revisión se da apenas días después de la celebración del 1 de mayo, marcado por la reivindicación de la reducción de jornada en los actos organizados por CCOO y UGT.
El Ministerio de Trabajo estima que 12 millones de trabajadores se beneficiarán de esta reducción, especialmente aquellos que no están cubiertos por convenios colectivos, que históricamente han enfrentado jornadas laborales de hasta 40 horas semanales. Los sectores más afectados incluyen hostelería, comercio, agricultura y servicios. Esta reforma surge de un acuerdo firmado en diciembre por el Ministerio de Trabajo y los sindicatos, mientras que las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme se opusieron, argumentando que esta materia debe ser decidida mediante negociación colectiva.
La rebaja de jornada y la reformulación del control horario son pilares de esta propuesta de ley
Desde el Ministerio de Trabajo se subraya que la reforma del control horario será un aspecto fundamental de la ley. La normatividad exigirá que el registro de horas trabajadas sea digital e interoperable, permitiendo a la Inspección de Trabajo realizar un seguimiento en tiempo real. Este registro tendrá que ser cumplimentado por los trabajadores al inicio y finalización de su jornada, lo que permitirá asegurar la autenticidad de los datos registrados.
El proyecto también establece el derecho irrenunciable a la desconexión digital, garantizando que ningún empleado esté obligado a responder comunicaciones fuera de su tiempo laboral. Se prevé que la norma sea publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) lo antes posible para proporcionar un periodo de adaptación a las empresas. Los convenios que excedan las 37,5 horas semanales tendrán hasta el 31 de diciembre para ajustarse a esta nueva jornada laboral.
El texto de la ley contempla sanciones de hasta 10.000 euros por trabajador a aquellas empresas que no cumplen con el registro horario y la reducción de jornada. Este endurecimiento se refleja en que las multas se aplicarán por cada trabajador afectado y no de manera global, y se incrementa la cuantía máxima de las multas, que pasa de 7.500 a 10.000 euros.
Los sindicatos CCOO y UGT presionarán para que no se desvirtúe el acuerdo en el Congreso
Una vez aprobado en el Consejo de Ministros, el proyecto será trasladado al Congreso, donde no se anticipa un proceso fácil para su aprobación. A pesar de las negociaciones en curso, la oposición de la patronal catalana Fomento del Trabajo y del partido Junts complica el panorama. CCOO y UGT han expresado su intención de movilizarse para asegurar que lo acordado con el Gobierno no sea alterado durante el proceso legislativo. La patronal CEOE también ha pedido que se considere su análisis de impacto económico en relación con los efectos de esta ley sobre las empresas, especialmente las pymes.
