Además, el decreto incorpora una nueva disposición que no estaba presente en el anterior, que establece un sistema público de avales y garantías tanto para propietarios como inquilinos. Este avance legislativo se produce tras el acuerdo alcanzado por el PSOE y Junts para salvar parte de las medidas, a cambio de que el Congreso de los Diputados tramite una proposición no de ley que exige al presidente Sánchez someterse a una cuestión de confianza.
A pesar de las negociaciones, la portavoz de Junts en la Cámara Baja, Míriam Nogueras, ha declarado que su partido no se convierte en la «muleta» del Gobierno y ha instado a la administración a «negociar». Esto llevó al Ejecutivo a realizar negociaciones de última hora con Junts, lo que atrasó la reunión del Consejo de Ministros, que originalmente estaba programada para las 9.30 horas.
Aunque Junts ha mostrado su apoyo a cuestiones como la revalorización de las pensiones y ayudas al transporte, ha solicitado la exclusión de ciertos puntos del decreto, incluido el de moratoria contra los desahucios, así como el debate en el Congreso sobre la proposición de ley que pide la cuestión de confianza para Sánchez