El Gobierno ha decidido vetar la proposición de ley presentada por Vox para eliminar los impuestos sobre el valor de la producción de energía eléctrica, así como los gravámenes sobre la producción y almacenamiento de combustible nuclear gastado. Esta decisión responde a la necesidad de evitar una merma recaudatoria estimada en 1.800 millones de euros para las arcas del Estado.
Amparándose en el poder de veto por motivos presupuestarios, el Ejecutivo ha señalado que estos impuestos, al no estar armonizados a nivel comunitario, deben ser evaluados en función de la situación económica del país y sus efectos sobre la consolidación de las finanzas públicas, así como sobre las prioridades medioambientales.
En relación al impuesto sobre el valor de la producción eléctrica, tanto el Partido Popular como Junts ya intentaron eliminarlo mediante una enmienda presentada en la fase de ponencia de otra ley. Sin embargo, el Gobierno retiró posteriormente esa norma, lo que frustró los planes de ambos partidos.
El impuesto en cuestión fue creado en 2013 bajo el mandato de Mariano Rajoy y se aplica a todas las instalaciones de generación. Es un tributo directo no armonizado que grava la capacidad económica de los productores de energía eléctrica, quienes deben hacer importantes inversiones en las redes de transporte y distribución de la energía que generan. El Gobierno aclara que estas instalaciones generan «indudables efectos medioambientales» y acarrean costes significativos para garantizar el suministro de energía.
La generación de energía eléctrica mediante la energía nuclear supone la asunción por parte de la sociedad de una serie de cargas y servidumbres
Respecto a los impuestos sobre la producción y el almacenamiento de combustible nuclear gastado, el Ejecutivo subraya que son impuestos medioambientales directos de naturaleza real. Tienen como finalidad compensar a la sociedad por los efectos medioambientales derivados de esta forma de generación de energía, que implica la gestión de residuos radiactivos con un impacto económico complicado de valorar.
En conclusión, el veto del Gobierno a la propuesta de Vox se sustenta en la preocupación por la pérdida de ingresos fiscales, así como en la necesidad de mantener la compensación por los efectos medioambientales relacionados con la producción de energía nuclear.
