El pleno del Parlament de Catalunya ha respaldado el decreto del Govern que introduce cambios en el impuesto de estancias en establecimientos turísticos, procediendo a su tramitación como proyecto de ley. Sin embargo, se ha rechazado un segundo decreto que proponía modificar el primero para que la tasa turística entrara en vigor en octubre, en lugar de comenzar su aplicación el 1 de mayo como se había establecido anteriormente. La convalidación del decreto inicial contó con el apoyo de PSC-Units, ERC y Comuns, mientras que Junts, PP, Vox, CUP y Aliança Catalana votaron en contra.
La tramitación del decreto como proyecto de ley fue aprobada con el voto favorable de PSC, ERC, Junts, Vox, Comuns, CUP y AC, y el rechazo del PP. No obstante, el decreto que solicitaba el aplazamiento a octubre de la tasa turística fue derogando, con votaciones a favor de PSC y ERC, y en contra de Junts, PP, Vox, Comuns, CUP y AC.
El nuevo marco para este impuesto representa un aumento significativo en la tasa turística
La modificación del impuesto, que se remonta a la ley de 2017, prevé que la tasa se duplique o incluso triplique. Por ejemplo, en los hoteles de cinco estrellas en Barcelona, la tasa pasará de 2,25 a 7 euros, y en el resto de Catalunya de 2,25 a 6 euros. Para las viviendas de uso turístico, la tasa también se duplicará, y los barcos que permanezcan menos de doce horas deberán abonar 12 euros por día, en lugar de 6. Además, el decreto otorga a todos los ayuntamientos la facultad de establecer recargos en las tarifas, con una nueva distribución de los ingresos generados: el 25% irá destinado a políticas de vivienda de la Generalitat y el 75% a fomento del turismo, con un 50% de este monto destinado a municipios y un 20% al Consell General d’Aran.
Junts llevó su oposición al decreto al Consell de Garanties Estatutàries (CGE), el cual dictaminó que las medidas no justificaban la urgencia para su tramitación… Lo cual llevó al Govern a acordar inicialmente la modificación del impuesto con los Comuns y posteriormente con ERC, que también ha presentado una proposición de ley para modificar la tasa.
La consellera de Economía de la Generalitat, Alícia Romero, ha defendido que desde la creación de este impuesto en 2012, el número de turistas en Catalunya ha aumentado, argumentando que
no ha generado un elemento negativo desde su implementación
. Además, apuntó que el objetivo del Govern es evitar la inseguridad jurídica mediante ajustes en la entrada en vigor del decreto. Por otro lado, el diputado de Junts, Joan Canadell, ha arremetido contra el Govern, acusándolo de actuar «de espaldas al sector y a los municipios».
Desde ERC, Laia Cañigueral ha solicitado que se tramitase como decreto ley, criticando la premura de la aplicación a partir del 1 de mayo, y ha abogado por una diferenciación territorial y estacional de la tasa. A su vez, desde el PP, Àngels Esteller ha denunciado que el Govern estaría «institucionalizando la turismofobia».
Los debates se han intensificado, donde Javier Ramírez de Vox ha calificado el aumento de la tasa como un ataque a la libertad económica, mientras que otros sectores critican la falta de correlación entre el turismo y la subida del precio de la vivienda. El consenso en el parlamento permanece esquivo, reflejando las complejidades de la gestión tributaria del turismo en Catalunya.
