El Ministerio que lidera María Jesús Montero estudia trasladar productos del IVA reducido (10 %) al general (21 %) y limitar las deducciones que disfrutan los contribuyentes en la Renta
El Gobierno basa su estrategia de reducción del déficit público en el aumento de los ingresos, y no en la reducción del gasto, por lo que el año 2022 traerá impuestos más altos en la enésima reforma del sistema tributario español. El Ministerio de Hacienda, que busca elevar la recaudación mediante el aumento de bases imponibles y espera para finales del mes de febrero el informe de la comisión de expertos, estudia nuevas medidas en el ámbito del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y de los llamados tributos medioambientales o "verdes".
Según fuentes cercanas al Ministerio, en el ámbito del IVA, el objetivo es aplicar una redistribución de los productos afectados por el IVA reducido -gravado al 10 %- y pasar algunos de ellos al tipo general -21 %-. En la categoría de productos y servicios gravados con el reducido, figuran desde libros, revistas, periódicos o el pan hasta gafas graduadas o lentillas, pasando por la vivienda, los garajes, las gasas y los preservativos o los medicamentos para uso humano y animal.
A vueltas con los tipos del IVA
Hacienda analiza qué bienes podrían pasar del 10 % al 21 % de IVA con el objetivo de ampliar los ingresos de un impuesto que, hasta noviembre de 2021, acumulaba un aumento del 0,8 % respecto a 2019 y del 13,2 % frente a 2020 -en la etapa más dura de la pandemia-. Fundamentalmente, el aumento de la recaudación, según informa la Agencia Tributaria (AEAT) se sustenta en las grandes empresas y en la importación. En términos reales, el aumento de precios con un IPC disparado beneficia los ingresos del principal impuesto directo del ordenamiento tributario español.
En el ámbito del IRPF, un tributo que ha sufrido diversas modificaciones en la última década, las mismas fuentes señalan que el Ministerio analiza una nueva subida de tipos en los tramos más altos. En concreto, tras la última modificación, las rentas que superen los 60.000 euros y sean inferiores a los 300.000 deben pagar un 45 % de tipo estatal. Mientras que, a partir de los 300.000, la retención es del 47 %. Hay un tramo inferior, entre 35.200 y 60.000 euros gravado al 37 %, que también podría sufrir modificaciones relevantes.
Además del aumento de tipos en estos tramos, Hacienda también estudia suprimir o modificar algunas deducciones, exenciones y beneficios fiscales que permite el IRPF. Entre las principales, destacan la de los planes de pensiones (las aportaciones fiscalmente deducibles a estos productos han pasado de 8.000 a 1.500 euros anuales en apenas dos ejercicios), la inversión empresarial o el alquiler de vivienda. En términos homogéneos, los ingresos por IRPF crecieron un 7,3 % hasta noviembre de 2021, y la subida de tipos aportó 119 millones de euros adicionales a las arcas públicas.
En el ámbito de los impuestos medioambientales o "verdes", es donde el Gobierno parece tener más recorrido y mayor capacidad normativa y "creativa". En un entorno favorable a las medidas que vayan en favor de la lucha contra el cambio climático, lastrar fiscalmente las actividades económicas más contaminantes es una decisión que, en principio, podría recibir mayor apoyo popular. Además, España está actualmente por debajo de Europa en cuanto a tributación medioambiental, un argumento más para intentar aumentar la presión fiscal en este ámbito.
La crispación política dificulta el consenso y el trabajo de la comisión de expertos
La reforma fiscal, una medida clave para la evolución más inmediata de la economía española, se negociará en un clima de inestabilidad política que dificulta los consensos. Según apunta Carlos Cruzado, presidente del grupo de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), "hay muchas esperanzas puestas en el grupo de expertos", en busca de la reforma integral. "Esperamos que sea tenido en cuenta", señala, pero el "panorama político dificulta un gran acuerdo", apunta Cruzado.
"Es posible que haya votos particulares en el informe de la comisión de expertos", apunta Cruzado, que recuerda que este grupo ya ha vivido dos salidas, Ignacio Zubiri y Carlos Monasterio, por supuestas "diferencias de criterio". En cualquier escenario, parece que en el aire quedará la tributación autonómica y la actualización del modelo de financiación de las autonomías. En términos políticos, y con convocatorias de elecciones a nivel regional en ciernes, no parece el momento de atacar este nicho.
