Una renta media de 30.000 euros podría haber ahorrado hasta 255 euros si se hubiera llevado a cabo la deflactación de la tarifa del IRPF, según los datos calculados por el Consejo General de Economistas. Este análisis forma parte del estudio titulado ‘Panorama de la fiscalidad autonómica y foral 2025’, presentado recientemente por el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), un órgano que se especializa en cuestiones fiscales en el ámbito español.
El estudio resalta que al no deflactar la tarifa del IRPF estatal, ni aumentar los mínimos personales o familiares, los ciudadanos pueden enfrentar una pérdida de poder adquisitivo. El IPC acumulado para los años 2022, 2023 y 2024 ha sido del 12,5%, lo que justifica la necesidad de ajustes fiscales.
En términos de impactos específicos, para una renta media de 25.000 euros, el potencial ahorro fiscal podría ser de 207 euros en Andalucía y 200 euros en la Comunidad Valenciana. Para aquellos con rentas más altas, como 350.000 euros, se estima que el ahorro podría llegar a 1.500 euros anuales. Sin embargo, muchos contribuyentes verán mermado su poder adquisitivo debido a la falta de ajustes en las tarifas.
Desigualdades entre comunidades autónomas y recaudación del IRPF
El Consejo General de Economistas también subraya las desigualdades que surgen de la capacidad normativa que han ejercido las comunidades autónomas en relación con el IRPF. Las tarifas autonómicas se desvían de la tarifa estatal, que varía entre un 9,5% y un 24,5%. Mientras que cuatro comunidades adoptan el mismo tipo mínimo que el estatal, ocho lo establecen por debajo y tres lo fijan por encima.
Las proyecciones para 2024 anticipan un incremento de la recaudación por IRPF del 10% respecto al 2023, alcanzando aproximadamente 120.280 millones de euros en ingresos. Esto se ha materializado en un crecimiento del 9,86% en 2023 en comparación con el año anterior, lo que también resalta la importancia de la actualización de las tarifas en un contexto de inflación controlada.
Según los economistas, es fundamental que las comunidades evalúen si sus políticas fiscales son efectivas en un marco europeo, sobre todo cuando se trata de gravar la riqueza y hacer frente a las desigualdades.
