El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha dado luz verde este miércoles al proyecto de ley de medidas urbanísticas para fomentar la vivienda protegida, una normativa que permitirá convertir oficinas en pisos de alquiler a precios asequibles.
El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha subrayado que esta iniciativa tiene como objetivo "el aumento del parque de vivienda regional para facilitar así su acceso a los madrileños". El Gobierno regional prevé que la ley permitirá liberar 1,8 millones de metros cuadrados de locales, transformándolos en 20.000 nuevos pisos en diversos municipios.
El texto, preparado por la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, se enviará ahora a la Asamblea de Madrid para su aprobación y entrada en vigor a finales de este mes. La nueva ley se ha desarrollado con las contribuciones de colectivos del sector y ayuntamientos durante el proceso de audiencia e información.
El texto legal de la Comunidad de Madrid establece concretamente una medida extraordinaria y temporal que autoriza el cambio de uso de suelo calificado como terciario --destinado a oficinas--- a uno residencial, para la implantación de viviendas sujetas a alguna protección pública (VPP) en régimen de alquiler. Esta acción será posible sin necesidad de hacer una modificación del planeamiento.
En su lugar se podrá realizar mediante licencia. Para ello, los ayuntamientos tendrán hasta cuatro meses para decidir su aplicación. En el caso de sigan adelante se habilita un plazo de dos años para solicitar la licencia y de tres como máximo para ejecutar la obra. Se podrá aplicar en parcelas vacantes o en edificios existentes, siempre que sea a toda la infraestructura.
Además, esta iniciativa incluye la exención de los planes especiales para la implantación de VPP en las parcelas supramunicipales calificadas como equipamientos. Con ello se produce una reducción del plazo para su construcción de entre 8 y 12 meses.
También se recoge un nuevo estándar sobre reservas de aparcamiento para las VPP, situando el número de plazas de aparcamiento en uno por vivienda. En todo caso, se respeta la autonomía local. Así, los ayuntamientos podrán decidir su aplicación en su término municipal, así como establecer condiciones adicionales o definir los ámbitos territoriales para su implantación.
