La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha dictado una sentencia histórica en España contra una de las mayores redes ilegales de IPTV por delitos relacionados con el mercado, los consumidores, la propiedad intelectual y el blanqueo de capitales. La multa impuesta, que supera los 43 millones de euros, es una de las más altas por el delito contra la propiedad intelectual en el país.
El caso, que se originó tras una denuncia inicial de Nagravision y fue reforzado con pruebas de compra proporcionadas por LaLiga, fue apoyado además por Movistar Plus+, Mediapro y la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda). La investigación estuvo a cargo de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Dirección General de la Policía y el Grupo de Propiedad Intelectual de la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV), con colaboración internacional de Europol y Eurojust.
La sentencia determina una indemnización de 12 millones de euros a las empresas perjudicadas y más de 30 millones en concepto de multas por blanqueo de capitales. La organización, liderada por 'Dash, el iraní', distribuía ilegalmente contenidos de fútbol, películas y series, incluyendo los eventos de LaLiga, a más de dos millones de personas mediante portales como rapidiptv.com y iptvstack.com, operando desde servidores en 13 países y tres continentes.
La Audiencia Nacional ha impuesto una de las multas más elevadas por piratería intelectual en la historia española, superando los 43 millones de euros.
Para lavar el dinero generado, la red utilizaba pasarelas de pago, intercambios de criptomonedas, empresas ficticias y facturas fraudulentas. Entre las transacciones realizadas se incluyen la construcción de un edificio de viviendas en Irán, la compra de un inmueble en Barcelona valorado en 1,7 millones de euros y la adquisición de dos vehículos de lujo por 400.000 euros. Las autoridades han ordenado el decomiso de todos los bienes y fondos y la clausura definitiva de los dominios utilizados por la red.
Javier Tebas, presidente de LaLiga, subrayó la importancia de la sentencia calificándola como una sanción ejemplar y reiteró el compromiso de combatir la piratería, un problema que según él, amenaza la viabilidad de una industria esencial para la economía europea, como es el deporte en vivo.
LaLiga ha logrado reducir el consumo de piratería en España en un 60 por ciento durante la temporada 2024-25 como parte de su estrategia antipiratería. Esta sentencia refuerza sus esfuerzos en la lucha contra el fraude audiovisual.
