La Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) ha reiterado su solicitud de que las agencias de viajes queden exentas del Real Decreto 933/2021, norma que regula el registro de datos de viajeros. Esta petición se produce tras la apertura de un procedimiento de infracción contra España por parte de la Comisión Europea, que investiga posibles incumplimientos de la normativa comunitaria de protección de datos.
La CEAV considera que la decisión de Bruselas refleja las inquietudes que el sector turístico ha manifestado durante años sobre un sistema que implica la recopilación masiva de datos personales. La patronal ha instado al Gobierno español a examinar "con rigor" las objeciones planteadas por la Comisión Europea en esta materia.
Si bien la CEAV reconoce la cooperación de las agencias de viajes con las autoridades para prevenir el terrorismo y la delincuencia, mantiene sus reservas sobre la compatibilidad de algunas de las obligaciones del decreto con los principios europeos de necesidad, proporcionalidad y minimización de datos. En particular, critica la cantidad de información que se exige y la obligación de conservarla durante tres años, lo que representa, según señalan, una carga burocrática desproporcionada, especialmente para los intermediarios en la contratación de servicios turísticos.
CEAV cuestiona que la multiplicación de sujetos obligados a gestionar los mismos datos aporte mejoras significativas a la seguridad, incrementando en cambio las cargas administrativas
Aunque el procedimiento de la Comisión Europea se centra en cuestiones de protección de datos, CEAV advierte de dudas legales sobre la inclusión de agencias de viajes y operadores turísticos en la normativa. La confederación señala que la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana no menciona a estas entidades entre los sujetos obligados a la remisión y conservación de datos, lo que consideraría problemático desde el punto de vista de la seguridad jurídica y la jerarquía normativa.
CEAV confía en que el Gobierno aproveche el procedimiento iniciado por Bruselas para revisar el modelo y corregir las deficiencias señaladas. La patronal sostiene que la protección de la seguridad pública y de los datos personales son objetivos compatibles, pero recalca que cualquier limitación de derechos debe estar justificada, ser necesaria y respetar los límites establecidos por el Derecho de la Unión Europea.
