La reciente decisión de la Justicia estadounidense de suspender la orden de descubrimiento de pruebas ha generado un notable interés. Esta medida habría permitido a los afectados por la nacionalización de la petrolera YPF solicitar información sobre activos embargables del Estado argentino, incluidas sus reservas de oro. Ahora, los titulares de la sentencia de 2023 que se les reconoce una indemnización de 16.100 millones de dólares (14.009 millones de euros) deberán esperar a que un tribunal federal revise el caso.
En septiembre de 2023, la jueza de distrito Loretta Preska había dictaminado que los derechos de los demandantes fueron lesionados por la nacionalización y ordenó a Argentina depositar en una cuenta segura el 51% de las acciones que posee en YPF. Sin embargo, el gobierno de Buenos Aires argumentó que Preska no tiene la jurisdicción, sosteniendo que dicha competencia recae sobre la Justicia argentina.
El presidente de Argentina, Javier Milei, ha descrito la decisión como un «hito histórico» para el país
, subrayando el «enorme coste económico, jurídico y reputacional» que este conflicto ha supuesto. Además, Milei destacó que «la resolución refleja también el reconocimiento por parte de la Justicia de Estados Unidos de los sólidos fundamentos que sustentan la posición argentina».
YPF fue nacionalizada en 2012 durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner mediante una ley que dio al Estado el control del 51% de la petrolera, anteriormente en manos españolas a través de Repsol. El conflicto legal comenzó en 2015, cuando los fondos Burford Capital y Eton Park presentaron una demanda tras adquirir los derechos de litigio de Petersen Energía y Petersen Energía Inversora. Estas compañías, parte del grupo argentino Petersen, estaban constituidas en España y poseían un 25% del capital social de YPF al momento de la nacionalización. Reclaman compensaciones, alegando que Argentina debió lanzar una OPA sobre las acciones no controladas por Repsol.
