La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha subrayado este lunes la existencia de un "amplio consenso social" en torno a la vivienda como "ante todo, un derecho". En el foro Inmobiliario 360 organizado por 'El País', Rodríguez ha instado a las administraciones públicas, el sector bancario, el capital, la construcción y la promoción de viviendas a trabajar desde esta premisa para atender los problemas de acceso a la vivienda.
Rodríguez ha señalado que el debate debe centrarse en garantizar este derecho, advirtiendo que la falta de resolución podría afectar al mercado inmobiliario, la economía, la sociedad y la democracia. "El derecho es lo primero. El derecho a la propiedad existe, claro. Que el mercado existe, claro. Pero que si no garantizamos el derecho, todo puede empezar a quebrarse", ha afirmado. La ministra también ha puesto en valor la regulación como una herramienta esencial para asegurar este acceso, destacando la "emergencia" de la situación actual.
“Si no solucionamos este problema, estaremos estrangulando a la economía, al mercado y, por supuesto, a la sociedad y a la democracia”, ha expresado Rodríguez
La titular de Vivienda ha insistido en que la problemática tiene implicaciones tanto económicas como sociales, afectando incluso al empleo, ya que la dificultad de acceder a la vivienda impide cubrir ciertos puestos de trabajo. Por esta razón, ha declarado que resolver estos problemas es crucial para el futuro del Estado del bienestar y el crecimiento económico.
Rodríguez también ha lamentado la falta de acuerdos políticos en torno a la vivienda, describiendo al Congreso de los Diputados como el espacio con menor consenso en los últimos años. Ha urgido a los diputados a responder a las demandas sociales, dando un paso en el Parlamento para establecer una "política prioritaria de país", que garantice tanto el derecho a la vivienda como el desarrollo económico.
En su intervención, Rodríguez ha enfatizado la necesidad de pasar "del diagnóstico a las soluciones", resaltando las medidas adoptadas por el Gobierno para expandir la oferta de vivienda asequible. Ha destacado la creación de la empresa pública Casa 47, con una inversión de más de 2.000 millones de euros durante esta legislatura para incentivar la vivienda pública y movilizar inmuebles de la Sareb.
Además, ha mencionado el acuerdo con las comunidades autónomas para el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, con una dotación cercana a los 7.000 millones de euros, y ha defendido la importancia de seguir ampliando el parque público residencial.
