Cuando el carburante se dispara, hay pocas medidas más fáciles de vender políticamente que una rebaja fiscal o un descuento directo por litro. El mensaje está claro: llenar el depósito costará menos. Y en momentos de tensión eso da aire a millones de conductores, familias y trabajadores que dependen del coche para su vida diaria. Eso fue lo que ocurrió en España con la bonificación de 20 céntimos por litro aplicada en 2022 tras la guerra de Ucrania. Durante meses, la medida se presentó como una respuesta rápida frente al golpe de la crisis energética. Y es verdad que, en el corto plazo, alivió parte de la presión; repostar salió más barato de lo que habría costado sin esa ayuda.
Aun así, aquel año los precios medios siguieron en niveles muy altos. La CNMC situó la gasolina 95 en 1,790 euros por litro de media y el diésel en 1,807, con picos por encima de los 2 euros en junio. La propia CNMC concluyó además que, en general, la bonificación sí llegó al consumidor. La diferencia con lo que pasa ahora es que ya no se puede presentar el problema como un simple episodio pasajero.
En abril de 2026, España vuelve a convivir con carburantes caros. El último Boletín Petrolero de la Comisión Europea sitúa la gasolina 95 en torno a 1,55 euros por litro y el gasóleo en torno a 1,81. Es verdad que no estamos en los máximos del shock de 2022, pero tampoco puede decirse que el problema haya desaparecido, sobre todo en el diésel.
Lo que hay que destacar es lo que ocurrió entre medias. El descuento universal de 20 céntimos se eliminó para los particulares el 1 de enero de 2023 y se mantuvo solo de forma temporal para sectores profesionales como el transporte. Es decir, España trató la crisis de 2022 con un parche general y, una vez pasado el momento más agudo, volvió al esquema habitual: impuestos altos y ayudas puntuales.
Y ahora, cuando los precios vuelven a tensionarse por otro conflicto internacional, el Gobierno ha recurrido otra vez a la receta de urgencia: bajar temporalmente el IVA al 10% y reducir el impuesto sobre hidrocarburos al mínimo permitido por la UE. Incluso Bruselas ha advertido de que la rebaja del IVA sobre los carburantes choca con la normativa europea. Eso demuestra hasta qué punto seguimos atrapados en la misma lógica de siempre... cuando el precio sube, se improvisa; cuando baja algo, se restaura la carga fiscal.
La lección de 2022, vista desde 2026, es bastante clara. El descuento sirvió para amortiguar el golpe, pero no resolvió nada de fondo. Los precios dejaron atrás aquellos máximos extraordinarios, sí, pero el carburante sigue siendo muy caro para millones de familias, autónomos y empresas. Y eso reabre la misma pregunta: ¿tiene sentido mantener de forma permanente una fiscalidad tan alta sobre un bien básico para trabajar, producir y moverse?
Desde una perspectiva liberal, la respuesta debería ser no. Lo razonable no es enlazar bonificaciones excepcionales cada vez que estalla una crisis, sino bajar de forma estable y permanente los impuestos sobre los hidrocarburos. Porque el problema no es solo ayudar en una emergencia; el problema es que en España se ha normalizado que el Estado castigue con impuestos un consumo esencial y luego venda como alivio una devolución parcial y temporal de lo que antes ha cobrado de más.
