El Ministerio de Trabajo sigue adelante con sus planes para desarrollar un nuevo reglamento del registro horario que buscará ser mucho más eficaz, a pesar de la caída del proyecto de ley que pretendía reducir la jornada laboral a 37,5 horas. Según fuentes del Ministerio, aunque este desarrollo normativo no incluirá un incremento de las sanciones, ya que no prosperó el proyecto de ley, el objetivo es que el registro horario sea «cuánto antes» un hecho, basado en acuerdos laborales previos.
El Ministerio de Trabajo sacó a consulta pública el proyecto de Real Decreto para desarrollar el nuevo registro de jornada y el derecho a la desconexión 24 horas después de que el proyecto más ambicioso de reducción de la jornada decayera en el Congreso. Se espera que una vez culmine la consulta pública, se proceda a su articulación, pasando posteriormente por una audiencia pública y revisiones de organismos como el Consejo de Estado y posiblemente la Agencia de Protección de Datos.
Aunque no se prevé la introducción de sanciones más rigurosas, el desarrollo reglamentario buscará impedir que las empresas puedan abusar del uso de horas extraordinarias, asegurando que el registro horario sea digital, seguro y no manipulable. El nuevo sistema garantizará que se registren el inicio, fin, pausas y descansos de las jornadas para verificar la existencia de horas extraordinarias.
Desde Trabajo afirman que con un registro «eficaz», la jornada efectiva de trabajo podría disminuir aún más que con la reducción planificada a 37,5 horas.
El proyecto no está exento de controversias, pues desde Trabajo esperan que la patronal impugne la normativa una vez sea publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), al igual que ha ocurrido con «todos» los reglamentos anteriores. No obstante, desde el Ministerio, liderado por Yolanda Díaz, defienden que el desarrollo tiene una «base legal» sólida.
«Claro que la CEOE dará batalla jurídica, porque siempre la dan para impedir reformas que ellos entienden que ponen en peligro algunas de la prerrogativas de los empresarios», han reconocido fuentes del Ministerio.
Respecto a las ayudas a pequeñas y medianas empresas, el Ministerio ha explicitado que no se incluirán en este nuevo reglamento, aunque han mostrado su disposición a ofrecer apoyo en el futuro. Además, se subraya el compromiso de garantizar la protección de datos para evitar problemas adicionales, posiblemente con la participación de la Agencia de Protección de Datos en el proceso consultivo.
