La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha dado un paso significativo hacia el refuerzo de la inversión rural en la próxima etapa del Marco Financiero Plurianual 2028-2034. A través de una carta dirigida al presidente de Chipre, Nikos Christodoulides, y a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, von der Leyen propone el desbloqueo anticipado de una parte sustancial de los fondos de la Política Agrícola Común (PAC). Con ello, busca asegurar que, a partir de 2028, existan recursos adicionales para satisfacer las necesidades de los agricultores y comunidades rurales.
Von der Leyen resalta que la PAC debe continuar como el principal instrumento de la Unión Europea para garantizar una renta justa para los agricultores y la seguridad alimentaria a largo plazo. En un movimiento estratégico, propone que los Estados miembros puedan acceder a hasta dos tercios de los fondos tradicionales al presentar su plan inicial, movilizando así unos 45.000 millones de euros desde el inicio del periodo presupuestario.
La combinación de estos instrumentos proporcionará a los agricultores y comunidades rurales un nivel de apoyo sin precedentes
Estos fondos complementarán la dotación ya asignada para la PAC de 293.700 millones de euros, junto con otros mecanismos de apoyo, como el fondo de estabilización del mercado agrícola de 6.300 millones de euros.
La propuesta de von der Leyen también incluye ampliar la capacidad de respuesta ante crisis, permitiendo utilizar márgenes presupuestarios flexibles para compensar a los agricultores en situaciones de catástrofes naturales, fenómenos climáticos adversos o enfermedades animales. Un punto destacado es que al menos el 10% de los recursos de cada Plan Nacional y Regional de Asociación se destine a inversiones en territorios rurales, lo que podría alcanzar un mínimo de 48.700 millones de euros, ampliables hasta 63.700 millones mediante el programa Catalyst Europe.
Von der Leyen confía en que estas medidas impulsarán la competitividad del sector agrícola europeo a nivel global. Mientras tanto, la propuesta ahora se encuentra en discusión en el Parlamento Europeo y el Consejo, donde la Comisión ha reafirmado su compromiso de apoyar el proceso legislativo hasta su adopción definitiva.
