Boeing ha alcanzado un acuerdo provisional con el Departamento de Justicia de EE.UU. que le obligará a abonar 1.100 millones de dólares (aproximadamente 956 millones de euros) con el fin de evitar cargos penales relacionados con los trágicos accidentes mortales del modelo 737 MAX. Este acuerdo llega en un contexto en el que el juicio estaba programado para el próximo 23 de junio en Fort Worth, Texas.
Según informa Bloomberg, el arreglo incluye el pago de 444,5 millones de dólares (391,1 millones de euros) a un fondo destinado a los familiares de las víctimas de estos accidentes, que se produjeron entre octubre de 2018 y marzo de 2019 como resultado de un error en el diseño del software del avión, lo que provocó la muerte de 346 personas. Además, Boeing deberá destinar 455 millones de dólares (399 millones de euros) para fortalecer sus programas de cumplimiento, seguridad y calidad, así como otros 243 millones de dólares (213,3 millones de euros) en forma de multa.
Los familiares de las víctimas se han mostrado totalmente en contra de que se llegara a un acuerdo para que la compañía evitara el juicio
La indignación entre los familiares de las víctimas es palpable, y la semana pasada emitieron una carta al Gobierno de EE.UU. solicitando que Boeing no eludiera la acusación penal. El preacuerdo aún debe recibir la aprobación del juez del distrito, Reed O’Connor, quien está previsto que emita un veredicto antes del próximo 30 de mayo.
Este podría ser el cierre de un proceso que se remonta a varios años atrás. En 2021, Boeing llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia para retrasar el procesamiento debido a una acusación de engaño al regulador de aviación, la Administración Federal de Aviación (FAA), en relación con un sistema vinculado a los accidentes. Sin embargo, meses después, el Gobierno determinó que Boeing había violado dicho acuerdo y recomendó presentar cargos penales. Como resultado, la compañía aceptó declararse culpable de conspiración criminal, pagar una multa y comprometerse a un gasto de al menos 455 millones de dólares (421 millones de euros) para reforzar sus programas de cumplimiento y seguridad.
El juez había concedido al fabricante y a los abogados del gobierno varias prórrogas para facilitar las negociaciones sobre un nuevo acuerdo
