Las oficinas móviles de CaixaBank, conocidas como ofimóviles, están marcando una diferencia significativa en la inclusión financiera de 266 localidades en España, especialmente aquellas con menos de 100 habitantes que no cuentan con una oficina bancaria o enfrentan restricciones de acceso a servicios financieros. Este servicio permite a los usuarios, sean o no clientes de la entidad, realizar operaciones bancarias habituales.
A cierre del primer semestre de 2025, las ofimóviles han ampliado su alcance a varias regiones del país. Específicamente, proporcionan cobertura en 213 poblaciones de Castilla y León, 22 en Catalunya, 17 en La Rioja, 10 en la Comunidad de Madrid y 4 en Castilla-La Mancha. Este esfuerzo es particularmente notable en Castilla y León, donde se cubren localidades con menos de 100 habitantes en provincias como Ávila, León, Segovia, Burgos y Palencia.
En Catalunya, el servicio alcanza localidades en Lleida, Barcelona, Tarragona y Girona. Además, se fomentan servicios en poblaciones pequeñas de La Rioja, la Comunidad de Madrid, y en Guadalajara, garantizando que estas comunidades no queden excluidas del acceso financiero esencial.
El espectacular crecimiento del servicio de ofimóviles es evidente en el hecho de que ha experimentado un incremento del 74% en tan solo un año. En 2024, el servicio llegó a 804 localidades, cifra que ha crecido hasta alcanzar las 1.396 actuales. Este modelo ha llevado a CaixaBank a ser la única entidad que mantiene un modelo de oficina bancaria en 460 poblaciones de España, consolidando su presencia con más de 4.000 oficinas en total en el país.
Con sus oficinas móviles, CaixaBank presta servicio a más de 640.000 personas, de las cuales un significativo 70% tiene más de 65 años
En cuanto a las ofimóviles, 33 de ellas recorren más de 75.000 kilómetros mensuales, ofreciendo servicios esenciales en 17 provincias distribuidas en siete comunidades autónomas, como Castilla y León, Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana, Andalucía, y Cataluña, entre otras. Este esfuerzo asegura la continuidad del acceso a los servicios financieros para las poblaciones más vulnerables de España.
