En la Asamblea General de Cepyme, celebrada en Madrid, los presidentes de Cepyme y la CEOE, Ángela de Miguel y Antonio Garamendi, respectivamente, han denunciado la "asfixia" regulatoria, el aumento de costos y el "deterioro" del diálogo social en España. Ambos líderes empresariales alertaron sobre un escenario económico "dual", donde 25.000 microempresas han desaparecido desde la pandemia. Han exigido confianza institucional del Gobierno, destacando que la deuda pública asciende a 1,7 billones de euros.
Ángela de Miguel advirtió que las microempresas con menos de tres trabajadores están "desapareciendo" debido a la sobrecarga regulatoria. Estas pequeñas empresas, como comercios y talleres, carecen de departamentos jurídicos o financieros para cumplir con las "más de 3.000 normas" que se les imponen diariamente. De Miguel ejemplificó cómo un pequeño panadero de un pueblo carece de los recursos para cumplir con las mismas obligaciones que las grandes corporaciones multinacionales.
Por su parte, Antonio Garamendi señaló que "sin confianza, es muy difícil que un empresario o un autónomo levante la persiana". Criticó el gasto público y recordó que la deuda española ha aumentado hasta 1,7 billones de euros.
Antonio Garamendi: "La primera empresa del Estado, que es el Estado, no tiene un presupuesto desde hace tres años".
Garamendi lanzó una crítica a la gestión del Ejecutivo por no publicar un presupuesto en tres años, algo que considera inaceptable en cualquier empresa. También expresó su descontento con el "monólogo social" aplicado por el Ministerio de Trabajo, que ha modificado unilateralmente la reforma laboral consensuada en 61 ocasiones. De Miguel respaldó estas críticas, denunciando modificaciones sin consenso del Salario Mínimo Interprofesional, que incrementa los costos laborales para las empresas.
El dirigente de la CEOE alertó sobre el "miedo a contratar" entre las pequeñas empresas ante nuevas regulaciones gubernamentales sobre las indemnizaciones por despido. La fiscalidad y el absentismo laboral también fueron temas centrales de preocupación. De Miguel denunció que la presión fiscal supera la media europea y destacó el impacto del absentismo laboral, que genera un costo de 33.000 millones de euros.
Para corregir estos problemas, ambos líderes abogaron por aplicar el principio Think Small First, para que las leyes se adapten a las capacidades de los pequeños negocios. De Miguel, recién elegida como vicepresidenta de SME United, destacó la necesidad de legislar pensando en las pequeñas empresas tras reunirse con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
Finalmente, Garamendi elogió la independencia y compromiso de Cepyme, asegurando que las pymes españolas seguirán siendo una pieza clave para sostener la economía nacional a pesar de las dificultades regulatorias y económicas.
