El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha cargado contra la gran cantidad de impuestos diferentes que existe en España, con casi 40 tributos distintos, y ha insistido en que mantener el gravamen extraordinario del Gobierno sobre las ganancias de las energéticas "no tiene ningún sentido".
En una conferencia con analistas para presentar los resultados de 2023, Galán consideró que esta situación "no tiene comparación con nada de lo que hace el resto del mundo" y que España debería "estar totalmente en línea con el resto de los países europeos y con otras naciones de fuera de la Unión Europea, puesto que queremos hacer este país sea totalmente atractivo".
Asimismo, recordó que este gravamen especial, que nació con la naturaleza de "temporal" para hacer frente a la crisis por la guerra de Ucrania y que el Gobierno del PSOE y Sumar ya anunció su intención de prolongarlo aunque suavizándolo incluyendo en los Presupuestos incentivos a la reinversión, ya está en los tribunales.
"En todo caso, creo que es algo que no tiene ninguna lógica y es el único país donde seguimos manteniendo estos impuestos que se aplican a los ingresos, lo cual no tiene ningún sentido", insistió.
A este respecto, subrayó que en España existe una lista de casi 40 impuestos, 18 de ellos del Gobierno central y otros más de veinte por regiones, que "no hacen que la situación sea atractiva" para invertir.
Galán puso en valor la contribución a las arcas públicas de la compañía en España, con casi 3.500 millones de euros en 2023, lo que supone un incremento del 35% con respecto al año anterior, cifra que suma más que "todos los gastos de personal, de operaciones, de mantenimiento de las instalaciones e incluso los gastos financieros".
"Bueno, la verdad es que me quedé impresionado cuando vi las cifras", dijo, añadiendo que la cifra media de otros países viene a ser el 20% de los costes operativos y en España "estamos hablando de un 120%".
Repsol advierte de cambios en sus inversiones
Por su parte, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, insistió en rueda de prensa en la idea de rebajar el enfrentamiento con el Gobierno de los últimos tiempos y reiteró su confianza en que existe la idea de que el impuesto extraordinario "debe ser modificado".
Con un cable de alta tensión en mano, Imaz defendió que "no tiene ningún sentido" primar al que lo produce fuera y luego lo introduce por un puerto en España, frente al que "invierte y crea empleo industrial en España". "No se puede sostener con la mirada alta que esto es social. Un gravamen que está discriminando al que apuesta e invierte en España y favorece al que no y crea la riqueza en otro país", dijo.
Por ello, consideró que el presidente Gobierno, Pedro Sánchez, ya ha señalado que este gravamen debe reformularse, "ya que la prioridad debe ser la inversión".
Así, tendió la mano a un "diálogo abierto" con el Gobierno, y con una batería de proyectos de inversión presentada en su actualización estratégica para realizar, para que haya un marco regulatorio y fiscal "adecuado" que le permita a la compañía "llevar toda esta inversión industrial adelante". "Sería muy bueno para el país y los ciudadanos", añadió al respecto.
No obstante, advirtió de que las inversiones "se pueden hacer o no hacer", y todo dependerá de que se cuenten con ese marco regulatorio y fiscal adecuado, ya que "no estamos en un mercado regulado". "Nos da el precio el barco que entra por Bilbao o Cartagena, y cuando una refinería india compra crudo ruso y tiene unas condiciones fiscales y regulatorias distintas, pues no podemos competir y las inversiones se pueden hacer o no hacer", subrayó.
Según el nuevo plan estratégico presentado por la compañía, Repsol invertirá una cifra récord de entre 16.000 y 19.000 millones de euros en los próximos cuatro años (2024-2027) para acelerar su plan de trasformación hacia una compañía cero emisiones netas y protagonista en la transición energética.
Repsol cuenta con cinco de sus siete complejos industriales en España y estima que su transformación para ser punteros y desarrollar productos de bajas emisiones, como los combustibles renovables, el hidrógeno renovable y el biometano, requerirán inversiones netas en un rango de entre 2.000 y 3.000 millones de euros, condicionadas así a esa regulación y la fiscalidad en el país.
