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Directivos

UGT pide que se regule la actividad de Glovo y Deliveroo para evitar el fraude

Por Redacción Capital

UGT ha pedido al Gobierno resultante tras las elecciones generales del 28 de abril a que regule adecuadamente las plataformas digitales de reparto, al considerar que «sus modelos de negocio se basan en una interpretación muy abusiva de la condición de trabajador autónomo, incompatible con la legalidad», en clara alusión a Glovo y Deliveroo.

El sindicato, liderado por José María Álvarez, rechaza «la trampa de establecer una figura laboral específica para este tipo de negocios, pues supone menos derechos laborales y menos ingresos a la Seguridad Social que un trabajador por cuenta ajena, que es lo que son».

En este sentido, UGT recordó que “las plataformas digitales tienen empleados y no colaboradores, tal y como confirman ya cinco sentencias favorables a la laboralidad de los repartidores de Glovo», para criticar a continuación que «el que estos modelos de negocio no quieran reconocer la relación laboral por cuenta ajena de las personas que trabajan en las mismas, supone un elevado coste económico y social».

En concreto, UGT estima que el modelo de las plataformas digitales en el sector del reparto supone una pérdida de 4.000 euros de salario anual de media por cada trabajador, y 6.000 euros de cotizaciones a la Seguridad Social, por lo que, teniendo en cuenta que unas 17.000 personas trabajan en el sector, la Seguridad Social dejaría de ingresar unos 93 millones al año. Además, la central sindical estima que dichas cifras podrían triplicarse en 2020.

Según UGT, la Seguridad Social ha dejado de ingresar unos 100 millones de euros anuales en cotizaciones que deberían haber hecho Glovo y Deliveroo por sus trabajadores

Asimismo, además del «ahorro» para las plataformas digitales, UGT denuncia «la vulneración de otros derechos básicos de los trabajadores» como «el derecho a vacaciones, a desempleo, a tener horarios y turnos previsibles, a la seguridad y salud laboral y otras cláusulas que incluye una relación laboral reconocida judicialmente».

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