El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha iniciado un expediente sancionador contra una inmobiliaria que gestiona miles de viviendas en varias comunidades autónomas. La investigación apunta a que la empresa podría haber cometido cuatro tipos de infracciones relacionadas con cláusulas potencialmente abusivas en los contratos de alquiler.
Entre las posibles infracciones identificadas se encuentra la imposición a los inquilinos de un seguro de impago y la inclusión de una cláusula que reconoce una negociación individualizada del contrato de adhesión. Además, se examina la existencia de penalizaciones desproporcionadas por retrasos en la entrega de la vivienda y la imposición de gastos y penalizaciones injustificados relacionados con los suministros y los cambios de titularidad.
El Ministerio considera que estas prácticas podrían constituir cláusulas abusivas y llevar sanciones de hasta un millón de euros cada una o entre seis y ocho veces el beneficio ilícito obtenido.
La Dirección General de Consumo ha resaltado que la apertura de expedientes no prejuzga el resultado final de la investigación. En abril pasado, Consumo impuso una sanción de 3,6 millones de euros a Alquiler Seguro por diversas prácticas que vulneraban los derechos de los consumidores. La inmobiliaria fue acusada de cometer seis infracciones muy graves y una grave, aprovechando su posición predominante en el mercado. Esta resolución se hará definitiva tras agotarse la vía administrativa con el rechazo del recurso de alzada presentado ante el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy.
