El Gobierno modifica las ventajas fiscales para las socimis de vivienda
El Gobierno de España ha decidido retirar las ventajas fiscales a las sociedades anónimas cotizadas de inversión inmobiliaria (socimis) que no promuevan el alquiler asequible. Esta medida busca incrementar el parque público de inmuebles a precios bajos y redirigir el modelo de beneficios fiscales que actualmente se aplica a este tipo de empresas.
Durante unas jornadas sobre vivienda, el presidente Pedro Sánchez presentó doce medidas, destacando que estas reformas se enfocan exclusivamente en las socimis dedicadas a activos vivienda. Funcionarios del Gobierno explicaron que esta acción es necesaria para corregir la «perversión» que ha sufrido este modelo, concebido originalmente para estimular la construcción tras la crisis inmobiliaria.
Iniciativas para aumentar la oferta de alquiler
Asimismo, el Ejecutivo propone extender las bonificaciones de alquiler a zonas que no están declaradas como tensionadas. Con el fin de contestar al bloqueo que algunas comunidades autónomas han impuesto sobre la Ley de Vivienda, se contempla la posibilidad de que los propietarios que reduzcan el precio del alquiler reciban deducciones de hasta el 100% del IRPF. Esta deducción sería aplicable a pequeños tenedores, aquellos que poseen menos de diez inmuebles, siempre que realicen una reducción de aproximadamente el 5% en el precio del alquiler.
La medida busca movilizar la vivienda asequible para ayudar a aumentar la oferta
El Gobierno también está evaluando limitaciones a la compra de vivienda por parte de extranjeros no comunitarios, considerando la creación de un nuevo impuesto o el endurecimiento de uno ya existente. Esta situación está siendo vigilada de cerca, especialmente en un entorno donde cada año ingresan entre 25.000 y 30.000 extranjeros al mercado inmobiliario.
En cuanto a las viviendas protegidas, el Gobierno asegura que los recursos públicos se condicionarán al compromiso de las comunidades autónomas para mantener estas viviendas siempre en un estatus público.
En total, cinco de las medidas presentadas requieren el aval del Congreso de los Diputados, mientras que el resto podrá ser implementado sin necesidad de aprobación legislativa.
