El Tribunal Supremo ha dado un paso crucial al admitir a trámite un recurso contencioso-administrativo que interpone como medida cautelar la suspensión de 3.000 millones de euros en préstamos estatales a un interés del 0%. Estos préstamos fueron concedidos a la unión temporal de empresas (UTE) compuesta por Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) para la prefinanciación de dos programas principales de artillería en la estrategia de modernización militar trazada por el Gobierno. La información ha sido confirmada por documentación judicial revelada por Europa Press.
La solicitud de suspensión cautelar forma parte del recurso presentado por Santa Bárbara Sistemas, propiedad de General Dynamics European Land Systems (GDELS), en contra de la asignación de estos créditos a la UTE de Indra y Escribano. Dichos préstamos están destinados a los programas de obuses de ruedas, con un valor de 1.181 millones de euros, y de obuses de cadenas, con un importe de 1.821 millones de euros.
En total, el Ejecutivo ha otorgado 14.224 millones de euros en préstamos sin intereses a diversas empresas para prefinanciar el desarrollo de programas de modernización militar
Este esfuerzo incluye varias asignaciones destacadas: los proyectos en los que participa Indra suman 7.944 millones de euros en préstamos, mientras que Airbus ha recibido 4.030 millones de euros. Por su parte, Navantia ha obtenido financiación que totaliza 2.292 millones de euros.
Dentro de este marco de financiación, los dos créditos sujetos a la petición de bloqueo cautelar son los de mayor cuantía otorgados a Indra, que encabeza proyectos que abarcan diversos dominios como tierra, mar, espacio y ciberespacio. En contraste, los programas asignados a Airbus y Navantia se focalizan principalmente en los ámbitos aéreo y naval, respectivamente.
El paso del Tribunal Supremo representa una evolución significativa en la resolución de este complejo asunto financiero y estratégico, marcando la importancia de examinar con detenimiento la gestión y distribución de fondos públicos destinados a la modernización militar.
