Endesa ha presentado una reclamación patrimonial contra el Ministerio para la Transición Ecológica y la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), solicitando 454 millones de euros por daños y perjuicios debido al incremento de la ‘tasa Enresa’. Este impuesto, destinado a financiar la gestión de residuos radiactivos y el desmantelamiento de centrales nucleares, experimentó una subida del 30% para alinearse con el séptimo Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR).
Fuentes del Ministerio dirigido por Sara Aagesen han confirmado la recepción de esta reclamación y su defensa ya está bajo el asesoramiento de la Abogacía del Estado. Según informaciones publicadas en ‘El País’, es probable que el caso derive en un informe del Consejo de Estado. Si este organismo rechaza la reclamación, es habitual que la compañía eléctrica opte por seguir la vía judicial.
La ‘tasa Enresa’, que se incrementó de 7,98 a 10,36 euros por megavatio hora (MWh), alimenta un fondo gestionado por Enresa, el cual se encarga de los residuos radiactivos y el desmantelamiento de los reactores nucleares. Esta situación ya provocó que Iberdrola presentara una demanda por 324 millones de euros contra Enresa.
Endesa e Iberdrola han propuesto al Ministerio una extensión de la vida útil de las centrales nucleares, planteando que permita el cierre en 2035 pero ampliando los plazos intermedios. Por ejemplo, se solicitó prolongar la operativa de la central de Almaraz, cuyo cierre está programado para 2027 y 2028, hasta 2030. Esto conllevaría una reducción en la ‘tasa Enresa’ al extenderse la recaudación financiera por más años de producción.
Esta fiscalidad adicional sobre la nuclear es única en España, con tributos que no cubren costes específicos de la operativa nuclear
En este contexto, un estudio de EY subraya que España es el único país que impone figuras impositivas adicionales sobre las centrales nucleares, como el impuesto sobre la producción del combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos, elevando la carga total a 27,3 euros por MWh. Esta situación demanda un análisis a fondo al considerar cualquier extensión.
Por su parte, tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como Sara Aagesen han mostrado apertura a estudiar esta extensión, siempre y cuando se cumplan ciertos criterios: garantizar la seguridad de las personas, la seguridad del suministro y que no suponga un mayor costo para los ciudadanos.
