El voto negativo del 5,8% deja la puerta abierta a que se trunque la operación de Ferrovial si esos accionistas ejercen su derecho de separación
El presidente de Ferrovial, Rafael del Pino, posó triunfante este jueves tras el visto bueno del traslado a Países Bajos del 93,3% de los accionistas. En condiciones normales, un respaldo tan elevado significaría una victoria, sobre todo frente a quienes han tratado de dar al traste con el movimiento de la empresa.
El 77,6% de los accionistas participaron en la asamblea, por lo que se puede decir que el apoyo a la mudanza es casi unánime. No obstante, como ya informó Capital, resulta que existen reticencias en algunos de los accionistas.
La más destacada es la del hermano del vicepresidente, Leopoldo del Pino, que ostenta el 4,1% de las acciones. Junto al del Pino díscolo, hay otro 2,6% de accionistas que no apoyaron el traslado a Ámsterdam, lo que hace un total del 6,7%. De ese porcentaje, el 5,8% se opone y el 0,9% se abstiene.
Los accionistas que hayan votado en contra y así lo deseen, pueden efectuar un derecho de separación, es decir, vender sus acciones a la empresa si no están de acuerdo. Para ese supuesto, Ferrovial marcó un límite máximo de 500 millones de euros. Es decir, la constructora estaría dispuesta a comprar el 2,56% de las acciones, pero no más, dado que excedería el coste máximo que se ha marcado.
Expansión informa de que Leopoldo del Pino ha votado que no, aunque, según se ha publicado, no ejercerá su derecho de separación. Eso dejaría la decisión en manos del 1,7% restante, lo que significa que, si los propietarios de esas acciones y Leopoldo del Pino deciden acogerse a ese derecho, la operación no saldría adelante.
¿Puede fracasar el intento?
Durante la Junta, los accionistas que participaron se mostraron a favor de la operación. Además, los informes que presentó Ferrovial mostraron que con esta decisión se puede mejorar el rendimiento para los accionistas.
De esa forma, no se puede asegurar que los accionistas que votaron en contra vayan a ejercer su derecho de separación, pero tampoco se puede descartar. Cuentan con el plazo de un mes para pronunciarse.
