La empresa barcelonesa Glovo, conocida por su servicio de entrega a domicilio, vuelve a estar en el centro de la polémica y del foco judicial. Esta vez, la compañía afronta un nuevo juicio por competencia desleal tras una demanda presentada por uno de sus principales competidores en el sector, Just Eat. El juicio, que comenzará el próximo 17 de junio en el Juzgado Mercantil número 2 de Barcelona, promete ser clave para el futuro inmediato de la empresa, en un momento en el que Glovo y su matriz, Delivery Hero, están asediadas por múltiples frentes judiciales, regulatorios y económicos.
Just Eat reclama una indemnización de 295 millones de euros por lo que considera un comportamiento empresarial fraudulento y desleal. El argumento central de la denuncia es que Glovo ha operado durante años con repartidores considerados "falsos autónomos", un modelo de relación laboral ya sentenciado como ilegal en varias ocasiones por la Justicia española. Just Eat sostiene que, al no asumir los costes laborales derivados de una contratación legal -como sueldos fijos, vacaciones, bajas médicas o cotizaciones-, Glovo se habría beneficiado de una ventaja económica injusta frente al resto de empresas del sector. Según los cálculos de Just Eat, Glovo se habría ahorrado alrededor de 645 millones de euros gracias a esta práctica. Esto habría generado un desequilibrio en el mercado que le permitió ofrecer servicios a un precio más competitivo, a costa de incumplir la normativa laboral vigente.
La acusación cuenta con el respaldo de testimonios de inspectores de trabajo que han comparecido ante el juzgado y que confirman que Glovo sigue empleando prácticas que violan las sentencias judiciales. Según estos funcionarios, la empresa realiza cambios cosméticos en las condiciones laborales de sus repartidores, pero evita su contratación directa como asalariados. Incluso se han denunciado tácticas para dificultar las inspecciones, como la negativa a facilitar información o asegurar que ciertos repartidores ya no están activos en la empresa.
El propio fundador y CEO de Glovo, Òscar Pierre, se encuentra investigado por un posible delito contra los derechos de los trabajadores. A finales de 2024, y tras una intensa presión legal y mediática, anunció una modificación en la relación con los riders, aunque sin reconocer la comisión de ninguna ilegalidad en el pasado.
Sanciones en Europa: 329 millones de euros por prácticas anticompetitivas
A esta situación se suma un golpe más contundente desde Bruselas. La Comisión Europea acaba de sancionar a Glovo y a su matriz, Delivery Hero, con 329 millones de euros por haber formado un cártel ilegal con el objetivo de repartirse el mercado europeo. La multa se divide en 105,7 millones de euros para Glovo y 223,3 millones para Delivery Hero. Ambas compañías reconocieron su implicación en los hechos, lo que les permitió beneficiarse de una reducción del 10% en la cuantía total.
La multa, considerada histórica por su impacto y por el tipo de infracción, establece un precedente importante en el ámbito de la economía digital y las plataformas de reparto. Según la presidenta de la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO), Marta Llopacher, este caso “marca un antes y un después” en la aplicación de la normativa de competencia a las empresas tecnológicas.
Provisionamiento de Delivery Hero: 1.300 millones en multas
Ante este panorama, Delivery Hero ha anunciado que duplica sus provisiones económicas, destinando ahora 1.300 millones de euros para hacer frente a las sanciones judiciales y administrativas relacionadas con Glovo. Esta cantidad refleja tanto las multas ya impuestas como aquellas que podrían derivarse de futuros procedimientos, como el juicio por competencia desleal iniciado por Just Eat.
CCOO denuncia a Glovo por vulnerar derechos laborales de los repartidores con empresas interpuestas
