El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha sacado a consulta pública un plan para transponer una directiva europea que supone el ajuste de los criterios de tamaño monetario de las empresas -o grupos de tamaño micro, pequeño, mediano y grande- ante el alza de la inflación, según han confirmado fuentes gubernamentales a Europa Press.
Tal y como explica la Comisión Europea, dada la importante inflación que se ha registrado durante 2021 y 2022, se considera que deben revisarse los criterios de tamaño monetario de una empresa, para ajustar en mayor medida las cuantías de los umbrales a la realidad actual, dada la inflación acumulada de los últimos años, según adelanta el diario 'El País'.
La propia directiva considera que, habiéndose dado una inflación acumulada de 24,3% en la zona del euro y del 27,2% en toda la UE (entre enero de 2013 y marzo de 2023), el umbral establecido debe aumentarse en un 25%.
Resulta lógica esta modificación, ya que dada la inflación acumulada, muchas empresas han sobrepasado los umbrales señalados inicialmente, lo cual conlleva una gran carga administrativa en cuanto a la documentación contable exigida legalmente.
Según han aclarado a Europa Press desde el Ministerio que dirige Carlos Cuerpo, el plazo máximo para la transposición de la directiva es el 24 de diciembre de 2024.
La transposición de la directiva se completará, además, mediante el Anteproyecto de ley por el que se regula el marco de información corporativa sobre cuestiones medioambientales, sociales y de gobernanza.
La Directiva delegada modifica únicamente los umbrales para considerar empresas de un tamaño u otro, para que esto afecte a sus requisitos de presentación de información en el ámbito de la contabilidad.
Es decir, establece unos umbrales (cifras de balance total y volumen de negocios neto) superiores a los establecidos en la Directiva anterior, con el fin de que sea más difícil categorizar una empresa en una categoría superior. Al considerar a una empresa en una categoría inferior, según la Directiva de 2013, se le exige menos requisitos de documentación contable a presentar. De ahí que la idea de la Directiva sea simplificar los requisitos y limitar la carga administrativa a las empresas.
La Cámara de Comercio aplaude la iniciativa
La Cámara de Comercio de España considera "positiva" esta reforma normativa que va a llevar a cabo el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa para elevar los criterios monetarios que determinan el tamaño de las empresas o grupos y ajustarlos al incremento de la inflación reciente.
Según la organización que dirige José Luis Bonet, este cambio contribuirá a la reducción de las cargas burocráticas a las que tienen que hacer frente las pymes y supondrá la exención de determinadas obligaciones de información.
En particular, la Cámara ha explicado que algunas pymes podrán acogerse a la presentación de las cuentas anuales de forma abreviada (o, incluso, se podría dar la extinción de la obligación para determinadas pymes de auditar sus cuentas anuales), y se reducirá el ámbito de aplicación de la obligación de presentar el informe de sostenibilidad.
