Los accionistas aprueban el traslado, toda vez que las acciones de Ferrovial han venido incrementando su valor desde que se anunciaron las intenciones de la constructora
Una mayoría absoluta de los accionistas de Ferrovial que han ejercido su voto en la junta de accionistas de la compañía han respaldado el plan de la empresa de trasladar su sede social a Países Bajos, votando a favor de la propuesta.
Con un quórum del 77,6%, la junta ha dado 'luz verde' a la operación por la cual la matriz española se fusionará con su filial neerlandesa, cuyo resultado creará una nueva firma con sede en ese país y que supondrá que la multinacional deje de ser española. Además, cabe pensar que los inversores han visto con buenos ojos esta operación, dado que la acción de Ferrovial ha llegado a rebotar un 1,25% desde que se ha dado el visto bueno. Esa apreciación se suma al incremento de valor del 3,35% de las acciones de la constructora desde que se anunció el traslado, frente a la caída media del 1,23% del Ibex durante el mismo periodo.
En cualquier caso, todavía está abierta la puerta a que una parte del porcentaje que ha votado en contra, todavía por conocer, ejerza su derecho de separación, es decir, venda sus acciones a la empresa por su oposición a que se ejecute ese traslado. El propio hermano del presidente y cuarto mayor accionista, Leopoldo del Pino, mostró su disposición a votar en contra, pero no a ejecutar su derecho de separación.
Si solo un 2,56% de los accionistas lo ejerce en el plazo de un mes a contar desde este jueves, la operación no saldrá adelante, puesto que la contraprestación a pagar por Ferrovial superará el límite de 500 millones que fijó en los términos de la operación.
Si nadie ejerce ese derecho, o al menos no se llega a ese porcentaje, se cerrará así un periodo de más de un mes y medio de tensiones entre el Gobierno español y la compañía, después de que el primero trasladase su disconformidad con la operación y la segunda defendiese de derecho de acometer una fusión transfronteriza, en este caso con un país europeo.
Del Pino justifica el movimiento
El presidente de Ferrovial, Rafael del Pino, ha defendido que la operación por la cual la compañía trasladará su sede social a Países Bajos le permitirá acogerse al régimen de neutralidad fiscal, en contra de lo sugerido por el Gobierno.
En su discurso en la junta general de accionistas, el presidente de la constructora ha asegurado que esta reorganización societaria "persigue objetivos económicos válidos", requisito necesario para acogerse a ese ahorro de impuestos.
"La operación no se hace por motivos fiscales, ya que es neutra para la compañía a estos efectos. Los impuestos que pagará Ferrovial después de la operación serán similares a los que está pagando antes de realizarla. Como muestra la jurisprudencia de los tribunales españoles y comunitarios, la existencia de motivos económicos válidos y el hecho de que no persigamos ninguna ventaja fiscal permiten que la operación pueda acogerse al régimen de neutralidad fiscal de las fusiones", ha señalado.
Del Pino ha proseguido su discurso ante los accionistas señalando que esta operación "se enmarca en la libertad de establecimiento que nutre la esencia misma de la Unión Europea".
Así ha respondido el máximo directivo de la constructora a las presiones realizadas por parte del Gobierno para evitar que la empresa deje de ser española y pase a ser neerlandesa.
Los accionistas critican al Gobierno
Un accionista de Ferrovial ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de "violar" un derecho fundamental europeo como es "la libertad de establecimiento que garantiza la movilidad de las empresas en toda la Unión Europea".
Se trata de Jean Pierre Paelink, un accionistas francés de Ferrovial que ha trasladado su "preocupación" por lo que considera que han sido "ataques por ejercer un derecho consagrado en artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea".
"Me preocupa el ejercicio de los derechos de los accionistas, la propiedad privada. El ejercicio de los derechos de los accionistas como ciudadanos está protegido por este derecho fundamental".
El accionista ha tachado de "excesivos e improcedentes y al borde de la ilegalidad" las intervenciones realizadas por las autoridades españolas al proyecto.
"Se nos debe permitir ejercer los derechos que nos otorga la legislación europea y la española sin ningún tipo de amenazas en el marco de la seguridad jurídica", ha concluido.
Otro accionista, Cristian Verdich, de la asociación europea Better Financer, se ha referido también al "libre movimiento del capital y de las empresas por Europa, defendiendo que este tipo de decisiones "tienen que ser tomadas exclusivamente por los accionistas y nunca por instancias políticas".
